Una jueza del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez concedió la prisión domiciliaria al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta cargos por presunto liderazgo de una red de huachicol fiscal. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, la magistrada Alejandra Ramírez de la Vega revocó la prisión preventiva oficiosa que mantenía al político recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. La decisión se basa en un reporte médico presentado por su defensa, que describe problemas de salud graves y que fue aceptado por la Fiscalía General de la República.
Según declaró Arturo Germán, abogado de Ruffo Appel, los trámites para su traslado ya están en marcha y podrían concluirse en las próximas 48 horas. El exmandatario, de 78 años, será trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará su proceso penal bajo vigilancia judicial. La medida busca garantizar su derecho a la salud sin que exista riesgo de fuga o de obstaculizar la investigación, conforme a la normativa mexicana sobre medidas cautelares.
El Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel, integrado por simpatizantes y activistas, emitió un pronunciamiento en el que reiteró la inocencia del político respecto a los señalamientos de huachicol. El organismo argumentó que la modificación de la medida cautelar responde a la edad avanzada del acusado, a sus condiciones médicas y a la ausencia de indicios de sustracción de la justicia. Asimismo, aseguró que la decisión judicial es un primer paso para demostrar su inocencia y pidió que no haya demoras en su ejecución.
El caso de Ruffo Appel se inscribe en un contexto de creciente presión contra presuntos nexos entre políticos y el delito del robo de combustible. En los últimos años, varias investigaciones han señalado a funcionarios y empresarios por participar en redes de huachicol que desvían gasolina y diésel subsidiados. La Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos, presentando denuncias contra figuras de alto perfil y confiscando activos por valor de cientos de millones de pesos.
A pesar de la controversia, la medida de prisión domiciliaria ha generado opiniones divididas. Por un lado, defensores de los derechos humanos consideran que la salud del acusado justifica la medida; por otro, críticos argumentan que podría percibirse como un trato privilegiado para un exgobernador. La decisión será observada de cerca por organizaciones de la sociedad civil y por la opinión pública, que siguen atentos al desarrollo del proceso judicial.
Mientras tanto, la Fiscalía continuará con la investigación para determinar la responsabilidad de Ruffo Appel y de los presuntos cómplices en el presunto esquema de huachicol. El caso seguirá siendo uno de los más mediáticos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México, y su desenlace podría sentar precedentes sobre cómo se manejan los procesos contra altos funcionarios.
Fuente: Eluniversal