La Generalitat de Cataluña ha iniciado conversaciones con el Gobierno central para modificar el Código Penal y tipificar el robo de cableado ferroviario como delito grave. La medida, anunciada por la consellera portavoz Sílvia Paneque, busca que los ladrones de cobre ingresen directamente a prisión, sin pasar por la categoría de hurto patrimonial que actualmente los exime de penas de cárcel.
El problema no es menor: en los últimos meses se han registrado decenas de cortes de cables en la línea R3 de Rodalies, entre L’Hospitalet y Puigcerdà, que han dejado sin servicio a miles de viajeros. Solo en 2026 se contabilizaron 63 robos en ese tramo, obligando al Ministerio de Transportes a destinar 17 millones de euros para comprar 70 kilómetros de cable de repuesto y ampliar la vigilancia con cámaras.
Ejemplos recientes ilustran la magnitud del delito. En Lleida, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos hombres que cortaban cable entre Lleida y Puigverd, vinculándolos a un robo anterior de dos toneladas de cobre en un almacén de Adif en Raimat. Los sospechosos vendían el metal a 10 euros el kilo a chatarrerías locales, obteniendo alrededor de 5,500 euros en un solo atraco.
A nivel nacional, los robos de cobre han aumentado un 87% en los últimos cinco años, alcanzando 4,333 incidentes en 2024. Cataluña concentra cuatro de cada diez casos, con 229 denuncias entre enero y agosto de 2026, cifra que supera los 184 del año anterior. Otros territorios, como Castilla-La Mancha y Andalucía, también registran altas cifras, pero la presión sobre la infraestructura ferroviaria cataliza la urgencia de una respuesta legislativa.
El alza del precio del cobre explica gran parte del auge delictivo. A finales de septiembre, el metal cotizaba 6.8 dólares la libra, casi un 50% más que el año previo, impulsado por la demanda de centros de datos, vehículos eléctricos y la escasez de minas en Chile. Esta rentabilidad convierte a los cables ferroviarios en un objetivo lucrativo para bandas organizadas que operan a nivel internacional.
Actualmente, el artículo 240.2 del Código Penal establece penas de dos a cinco años solo si el robo implica “quebranto grave”, condición que rara vez se cumple porque la mayoría de los hurtos se realizan sin forzar accesos. La propuesta del Ministerio de Transportes plantea un subtipo agravado con penas de dos a seis años para robos que afecten la circulación ferroviaria, medida que Cataluña apoya para acelerar su aplicación.
Si la reforma se aprueba, se espera un efecto disuasorio que reduzca los cortes de cable y, con ello, los retrasos y sustituciones por autobuses que afectan a la movilidad de miles de ciudadanos en el Vallès, Osona y el Ripollès. La iniciativa también busca frenar el lucrativo mercado negro del cobre, que ha alimentado redes criminales desde España hasta Rumanía.
Fuente: xataka