La organización World Wildlife Fund (WWF) publicó este lunes el informe “Aquí se roba agua”, resultado de un año y medio de investigación sobre la sobreexplotación de acuíferos en España. Según los datos oficiales de 2023 y 2024, más de 80,000 hectáreas de cultivos en seis cuencas importantes se riegan con agua extraída bajo indicios claros de ilegalidad, lo que afecta la disponibilidad hídrica y la biodiversidad de la zona.
Los acuíferos señalados son Alto Guadiana (Ciudad Real), Almonte‑Marismas (Huelva, que alimenta a Doñana), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), Campo de Cartagena (Murcia, junto al Mar Menor) y una zona del sureste que cruza Albacete, Alicante y Almería. En todos ellos se observa el paso de una agricultura de secano tradicional a un regadío intensivo con aspersores, un modelo que consume grandes volúmenes de agua subterránea y que, según Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF, constituye un delito ambiental “extendido e impune”.
El caso más crítico es el acuífero de la Mancha Occidental, que debería nutrir las Tablas de Daimiel. Allí, 39,000 hectáreas (22% del total regado) utilizan agua con claros indicios de ilegalidad, equivalentes a 69 hectómetros cúbicos al año, una extracción que supera en un 86% lo permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana. La sobreexplotación amenaza la recarga natural del acuífero y pone en riesgo la supervivencia del ecosistema lagunar.
A nivel nacional, la reserva hídrica de España se sitúa en el 60.3 % de su capacidad, según el Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Aunque la cifra supera la media de la última década, la distribución es desigual: la vertiente atlántica alcanza el 63 %, mientras que la cuenca del Ebro apenas supera el 48 %. Las previsiones de AEMET para el próximo trimestre indican temperaturas más altas y lluvias abundantes, pero la presión sobre los acuíferos seguirá siendo alta.
Doñana muestra una ligera mejoría; en el acuífero Almonte‑Marismas se estiman 3,300 hectáreas regadas de forma irregular y 13.34 hm³ extraídos ilegalmente, una reducción respecto a 2024 gracias a controles más estrictos. Sin embargo, la UNESCO advirtió que el parque podría entrar en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si no se revierte rápidamente el deterioro del acuífero.
En contraste, el Campo de Cartagena ha reducido de 11,000 a 3,271 hectáreas con indicios de riego ilegal, reflejando el impacto positivo de la Ley del Mar Menor y los filtros verdes instalados para eliminar nitratos. WWF solicita más recursos técnicos y jurídicos para las confederaciones hidrográficas, mayor uso de teledetección y una coordinación efectiva entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, antes de que se apruebe la nueva planificación hidrológica para un futuro con menos agua disponible.
Fuente: xataka