El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificó este lunes la decisión de negar acceso privilegiado a la Casa Blanca a tres medios de comunicación que, según él, difunden mayormente críticas al gobierno. Vance sostuvo que “alrededor del 92 % de las noticias sobre el presidente y su administración” publicadas por CNN, MS NOW y Politico son “negativas” y calificó su contenido como “propaganda de extrema izquierda”. La declaración se dio antes de su viaje a Greensboro, Carolina del Norte, donde participará en un mitin de campaña para las elecciones de medio mandato.
El funcionario argumentó que la medida no constituye una prohibición total a la prensa, sino una restricción de “acceso especial” dentro del recinto presidencial. “Aún pueden informar sobre la Casa Blanca, pueden obtener los informes públicos y hablar con fuentes dentro y fuera de la administración”, aclaró Vance, intentando calmar los temores de un posible ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, la exclusión de los tres medios ha encendido un debate sobre la relación entre el poder ejecutivo y la prensa en EE. UU.
La polémica se intensificó cuando las principales cadenas de televisión estadounidenses –ABC, CBS, Fox News y NBC– acordaron suspender la cobertura conjunta de los actos de Donald Trump tras el veto a sus colegas mediáticos. Esta medida, tomada en solidaridad con los medios vetados, refleja la creciente fractura entre la Casa Blanca y los conglomerados informativos, que acusan a la administración de intentar silenciar voces críticas.
CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Washington D.C., alegando que la prohibición vulnera sus derechos constitucionales y la normativa de acceso a la información pública. Los demandantes esperan que el caso sea escuchado esta misma semana, lo que podría derivar en audiencias y alegatos legales que pongan a prueba los límites del poder ejecutivo sobre los medios.
Expertos en derecho constitucional señalan que, aunque la Casa Blanca puede regular el acceso a sus instalaciones por razones de seguridad, negar el ingreso a ciertos medios por motivos ideológicos podría constituir una violación del primer enmienda. La disputa también plantea preguntas sobre la influencia de la política partidista en la gestión de la información oficial.
Mientras tanto, la administración de Joe Biden se mantiene firme en su postura, argumentando que la medida busca proteger la integridad de la comunicación oficial y evitar la difusión de información sesgada. El caso sigue abierto y será observada de cerca tanto por legisladores como por defensores de la libertad de prensa, quienes temen que este precedente pueda sentar las bases para futuras restricciones mediáticas en Washington.
Fuente: Dw