Autoridades forenses de la zona norte de Chihuahua culminaron el viernes la inhumación de 117 restos humanos en una fosa común de Ciudad Juárez. Los cuerpos, que datan de fallecimientos ocurridos entre 2019 y 2025, fueron trasladados a sepulturas individuales, aunque la medida es considerada provisional mientras se avanza en su identificación. El perito Héctor Manuel Jacob Hernández, coordinador de Ciencias Forenses, explicó que antes de autorizar la sepultura se realizaron estudios de ADN y odontología para preservar la información necesaria para futuros procesos de reconocimiento familiar.
De los 117 fallecidos, ocho son mujeres y 109 hombres; 41 de ellos perdieron la vida en contextos de violencia, mientras que el resto falleció por causas naturales o accidentales. La falta de identificación se debe, en parte, a la alta movilidad poblacional de la ciudad fronteriza, donde confluyen migrantes internacionales y residentes de otras regiones de México. Jacob Hernández señaló que entre los no identificados podrían encontrarse tanto migrantes extranjeros como ciudadanos de otros estados, lo que complica aún más la labor de las autoridades.
Esta inhumación eleva a 560 el número de personas enterradas en fosas comunes durante el actual gobierno del estado de Chihuahua. La cifra refleja una problemática estructural: la escasez de recursos forenses y la sobrecarga de casos en los laboratorios de identificación. En 2025 no se realizaron sepulturas masivas porque los servicios se concentraron en el caso del crematorio Plenitud, lo que generó una acumulación de restos bajo custodia de la Fiscalía.
El objetivo final de las autoridades es identificar a cada una de las víctimas y devolver sus restos a sus familias, un proceso que puede tardar años debido a la complejidad de los análisis genéticos y a la falta de datos comparativos. Mientras tanto, la sepultura temporal permite liberar espacio en los depósitos forenses y reducir el riesgo de deterioro de los cuerpos.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la práctica de fosas comunes, aunque necesaria por la urgencia, revela una falla del sistema de justicia penal y de atención a víctimas. Exigen mayor inversión en laboratorios de ADN, capacitación de peritos y protocolos de registro que agilicen la identificación. La comunidad de Juárez, marcada por altos índices de violencia y migración, sigue esperando respuestas y cierre para sus seres queridos.
En los próximos meses, los servicios forenses planean intensificar la comparación de perfiles genéticos con bases de datos nacionales e internacionales. La esperanza es que, al menos, una parte de los 117 cuerpos logre ser identificada y sus familiares reciban la tan esperada certeza de haber encontrado a sus seres queridos.
Fuente: Dw