La Comisión de Marina del Senado inició el análisis de un punto de acuerdo que busca obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) a esclarecer si el exsecretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, ha sido citado o comparecido en la causa del llamado “huachicol fiscal”. El documento legislativo plantea que la Fiscalía informe si, dentro del procedimiento penal contra Fernando Farías Laguna, existió alguna determinación ministerial o judicial que requiriera la declaración, testimonio o comparecencia del exfuncionario. Asimismo, se solicita que la FGR precise la calidad jurídica bajo la cual se habría hecho el requerimiento y si este pudo ser notificado legalmente.
El punto de acuerdo, impulsado por el senador Rolando Zapata Bello, exige que la Fiscalía aclare públicamente las versiones que circulan sobre una supuesta imposibilidad de localizar a Ojeda, sin revelar datos que pudieran comprometer la investigación ni vulnerar el debido proceso. La iniciativa reconoce la necesidad de respetar la presunción de inocencia y los derechos de terceros, pero al mismo tiempo demanda transparencia para evitar la percepción de impunidad entre altos cargos del gobierno.
En el marco de la investigación, la FGR también debe informar al Senado sobre el estado general de los procesos que persiguen la red de contrabando, dispersión y distribución ilícita de combustibles por vía marítima. Se trata de una trama que, según la autoridad, podría involucrar a particulares, servidores y exservidores públicos, y que ha generado preocupación por el impacto económico y ambiental del robo de hidrocarburos.
El texto legislativo aclara que, en caso de que alguna de la información solicitada esté legalmente reservada, la Fiscalía debe indicar expresamente el fundamento jurídico que impide su divulgación. Esta cláusula busca evitar que la solicitud sea desechada sin justificación y garantiza que, si existen restricciones, estas queden debidamente documentadas.
El debate en el Senado se produce en un contexto de creciente presión social contra la corrupción y el huachicol, fenómenos que han afectado tanto al sector energético como a la confianza ciudadana en las instituciones. La posible participación de un exsecretario de Marina eleva el caso a un nivel de interés nacional, pues pone en tela de juicio la integridad de la cadena de mando de la Marina y su capacidad para prevenir delitos en el ámbito marítimo.
Si bien la Fiscalía aún no ha emitido respuesta, el punto de acuerdo podría convertirse en una herramienta de presión para que la investigación avance con mayor celeridad y claridad. El Senado espera que, con la información requerida, se pueda determinar si existen responsabilidades penales y, de ser así, iniciar los procesos correspondientes.
El seguimiento de este caso será clave para medir la efectividad de los mecanismos de control y rendición de cuentas en México, y para demostrar que ningún alto funcionario está por encima de la ley.
Fuente: Eluniversal