El periodista Claudio Ochoa Huerta, a través de su espacio en Latinus, reveló un entramado de adjudicaciones millonarias que vinculan al secretario de Obras de Tabasco, Daniel Casasús, con amigos y familiares del entorno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En los veinte meses que Casasús ocupó el cargo bajo el gobierno de Javier May, se documentaron más de 92 millones de pesos en contratos otorgados a empresas vinculadas a su círculo íntimo, según el informe del investigador Alberto Valiente.
Entre los beneficiarios destaca la empresa “Sarquima”, propiedad de los hermanos Rubio Espinosa, que recibió 6.6 millones de pesos. Uno de los socios, Juan Omar, mantiene una amistad cercana con Casasús, lo que sugiere un vínculo directo entre la adjudicación y la relación personal. Otro caso es el de Oliver Preuss, quien obtuvo dos contratos: uno de 3.7 millones de pesos para su firma “P and Cons” y otro de 2.4 millones para la empresa de su esposa, “Inmobiliaria y Arrendadora Saric”.
El reporte también menciona a José Alejandro Pérez Zebadúa, compañero de preparatoria de Casasús, quien recibió 1.7 millones de pesos. Las imágenes que acompañan la investigación muestran al secretario en lancha, en la graduación de la preparatoria y en bodas de amigos, evidenciando la estrecha relación entre los involucrados y el uso de recursos públicos para favorecer a su entorno.
Otros nombres que aparecen son Huascar Ordoñez Cramer, con un contrato de 3.1 millones, y Mario Madera Pérez, cuya empresa “Made Ingenieros” obtuvo 4.1 millones de pesos. En 2025, la tendencia continuó: Diana Valeria Plata Torreblanca, amiga del gremio y del círculo cercano, recibió dos contratos por 21 millones a través de “Grupo Argent”. Asimismo, Héctor Pedrero Buendía, aliado político, se llevó 31.9 millones mediante “Proyectos y Construcciones HP”.
Los hermanos Duprat Hernández también fueron beneficiados con 18 millones de pesos mediante su firma “Santa Anna Servicios Técnicos del Sureste”. Estas asignaciones generan un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia y el uso de recursos del Estado, alimentando la percepción de nepotismo y clientelismo en la administración de López Obrador.
A pesar de la evidencia, la presidenta del Senado, Claudia Sheinbaum, desestima las críticas, calificándolas de intentos mediáticos para desacreditar al gobierno. Sin embargo, la presión de la sociedad civil y los organismos de control seguirá en aumento, exigiendo auditorías independientes que esclarezcan la magnitud de este presunto conflicto de intereses.
Fuente: Eluniversal