Los Estados Unidos enviaron este lunes a 2,900 ciudadanos mexicanos a tres países de Centroamérica —Guatemala, Honduras y Costa Rica— en lugar de retornarlos a territorio mexicano. La medida, anunciada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responde a la saturación de los centros de detención en la frontera sur y a la falta de acuerdos bilaterales que permitan una repatriación directa. Entre los deportados, 23 son originarios del estado de Veracruz, lo que ha generado preocupación entre autoridades locales y organizaciones de derechos humanos que temen por la seguridad de los retornados.
Los migrantes fueron trasladados en autobuses bajo la supervisión de agentes federales y entregados a autoridades centroamericanas en puntos de control fronterizo. Según datos de la CBP, la mayoría de los deportados fueron detenidos por violaciones migratorias menores, como cruces irregulares o falta de documentación. Sin embargo, dos de los deportados enfrentaron complicaciones para regresar a México, pues fueron retenidos por autoridades locales bajo cargos de delito menor, lo que alarga su estancia en el extranjero.
Organizaciones de la sociedad civil en Veracruz, como la Coordinadora de Derechos Humanos de Veracruz, han pedido al gobierno federal que intervenga para garantizar el retorno inmediato de sus ciudadanos. “No podemos permitir que nuestros hermanos queden atrapados en sistemas judiciales que no les garantizan un proceso justo”, declaró la directora de la coordinación. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha emitido un comunicado indicando que está en contacto con los gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica para agilizar los trámites de repatriación.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de política migratoria estadounidense, que ha incrementado las deportaciones a destinos alternativos desde 2024. La administración actual ha buscado reducir la presión sobre los centros de detención en la frontera con México, trasladando a migrantes a países de la región que aceptan recibirlos bajo acuerdos de cooperación. Críticos argumentan que esta práctica vulnera el derecho a regresar a su país de origen y expone a los migrantes a riesgos de violencia y discriminación.
En Veracruz, la noticia ha resonado en la comunidad veracruzana, donde varios familiares de los deportados esperan información sobre el proceso de retorno. Las autoridades estatales han solicitado al gobierno federal que proporcione asistencia legal y logística a los 23 veracruzanos, así como a sus familias, para evitar que se conviertan en víctimas de la informalidad migratoria.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo Estados Unidos maneja la creciente ola de deportaciones. Organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han llamado a respetar los principios de no devolución y a garantizar que los migrantes sean enviados a lugares seguros, con la posibilidad de regresar a su país de origen sin trabas.
En conclusión, la deportación de 2,900 mexicanos a Centroamérica, incluido un grupo de veracruzanos, plantea interrogantes sobre la política migratoria de EE.UU. y la capacidad de México para proteger a sus ciudadanos en el exterior. La presión sobre las autoridades mexicanas para lograr un retorno seguro y rápido se intensifica, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los derechos humanos involucrados.
Fuente: Diario de Xalapa