El Ejecutivo mexicano estuvo a punto de iniciar un proceso de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, si el mandatario insistía en permanecer al frente del estado. Según fuentes del gobierno federal, la iniciativa se elevó al nivel más alto y, un día antes de que Rocha solicitara nuevamente licencia, se convocó a Ignacio Mier y a Ricardo Monreal para trazar la estrategia legislativa necesaria. La ruta contemplaba retirar el fuero al gobernador y abrir paso a las responsabilidades que pudieran derivarse de las acusaciones en su contra.
Sin embargo, la operación se paralizó antes de ejecutarse. Mier habría advertido a Rocha sobre el plan, lo que obligó al gobernador a recular y presentar otra licencia. El coordinador de Morena en el Senado mantiene una relación cercana con Rocha, quien había sido respaldado por varios líderes del partido cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. lo señaló en un expediente. Tras la advertencia, la Presidenta López Obrador consideró a Rocha “pasado”, según la misma fuente, y el vínculo entre ambos se quebró definitivamente.
La reinstalación de Rocha y la solicitud de licencia con apenas 27 horas de diferencia evidencian la magnitud de la crisis. Legisladores de Morena admitieron que, de no haber sido por la nueva licencia, el Congreso habría actuado para resolver el caso. La oposición, por su parte, comenzó a exigir abiertamente el juicio político. Rocha retomó sus funciones un día antes, pero volvió a separarse del cargo tras el rechazo de la Presidenta y de los gobernadores de la 4T.
Cuatro meses antes, varios políticos defendieron a Rocha frente a las acusaciones estadounidenses, alegando motivaciones políticas y exigiendo pruebas concretas. Gerardo Fernández Noroña, Víctor Manuel Castro y Claudia Sheinbaum cuestionaron la falta de evidencia y calificaron el proceso como un “golpeteo político”. Ignacio Mier y Ricardo Monreal también defendieron la presunción de inocencia y demandaron solicitudes formales antes de cualquier acción.
La relación entre Mier y Rocha se remonta a la toma de protesta del gobernador en 2021, cuando Rocha agradeció efusivamente a su “brother”. Esa cercanía quedó en evidencia cuando Mier decidió avisar al mandatario del inminente juicio, evitando así una confrontación directa en el Congreso.
Al final, la amenaza de juicio político quedó en suspenso, pero el episodio dejó clara la disposición del gobierno federal de usar la legislación para confrontar a un gobernador que no se alineara con la agenda nacional. La situación sigue abierta y, mientras EE. UU. no presente pruebas sólidas, el futuro político de Rocha Moya permanece en el aire.
Fuente: Eluniversal