El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la puesta en marcha de operativos de identificación y deportación de migrantes en situación irregular y de extranjeros que cometan delitos. La medida será ejecutada por Migración Colombia y la Policía de Barranquilla durante la semana en curso, según un video difundido por la oficina presidencial. De la Espriella subrayó que no tolerará a inmigrantes ilegales que incurran en actividades delictivas, indicando que serán expulsados del país sin excepción.
En la sesión del Consejo de Seguridad, el mandatario explicó que los operativos tendrán dos prioridades claras: primero, localizar a los extranjeros que estén involucrados en delitos; segundo, a aquellos que no cuenten con documentación migratoria regular. Ambas categorías, según el presidente, deberán ser deportadas una vez concluida la investigación. La estrategia forma parte de un plan de seguridad más amplio que busca uniformar la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales y grupos armados ilegales, sin distinguir entre “terroristas” y otros actores violentos.
De la Espriella enfatizó que la política de seguridad ya no hará distinciones basadas en etiquetas creadas por sectores que, a su juicio, protegen a los delincuentes. “Cuando se trata de combatir el crimen, no hay diferencias en la acción ni en la respuesta del Estado”, afirmó. Esta postura busca reforzar la autoridad estatal y evitar que la criminalidad se aproveche de vacíos legales o de la falta de coordinación entre instituciones.
Además, el presidente ordenó la activación en Barranquilla, sede de su gobierno, de un sistema de recompensas y redadas para incentivar la colaboración ciudadana. Se reforzará la red de cooperantes y se implementarán traslados carcelarios esta misma semana, con el objetivo de impedir que las prisiones sirvan como centros de extorsión y operaciones criminales. Estas acciones buscan desarticular estructuras delictivas que operan dentro y fuera del sistema penitenciario.
La medida ha generado reacciones encontradas en la sociedad colombiana. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles vulneraciones al debido proceso y al principio de no devolución, mientras que sectores de la seguridad la aplauden como un paso necesario para restablecer el orden. El gobierno asegura que los operativos se llevarán a cabo respetando la normativa internacional y los derechos fundamentales.
En los próximos días se espera la publicación de los protocolos operativos y los criterios de priorización, así como la coordinación con países de origen para garantizar la deportación efectiva. La iniciativa de De la Espriella marca un punto de inflexión en la política migratoria y de seguridad de Colombia, cuya evolución será observada de cerca por la comunidad internacional.
Fuente: Dw