El Congreso de Veracruz aprobó una legislación histórica que elimina las llamadas “terapias de conversión” dirigidas a personas LGBTQ+. La nueva normativa tipifica estas prácticas como tortura y establece sanciones que van de cuatro a siete años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 82,117 pesos para quienes las realicen o promuevan.
La iniciativa, impulsada por la bancada progresista y respaldada por organizaciones de derechos humanos, surgió tras varios casos denunciados en los últimos años, donde menores y adultos fueron forzados a someterse a tratamientos psicológicos y religiosos bajo el pretexto de cambiar su orientación sexual. Activistas señalaron que estas intervenciones carecen de base científica y generan daño psicológico irreversible.
Expertos en salud mental y representantes de la comunidad LGBTQ+ calificaron la medida como un “avanzado paso” para la protección de los derechos humanos en el estado. “Es tortura, no terapia”, afirmó la psicóloga Ana Martínez, quien ha atendido a víctimas de estos procedimientos. La legislación también incluye disposiciones para la atención psicológica y médica de los afectados, garantizando su reintegración y apoyo integral.
El proyecto de ley enfrentó resistencia de grupos conservadores y algunas instituciones religiosas, que argumentaron una violación a la libertad de culto y a la autonomía familiar. Sin embargo, los legisladores defendieron que la protección de la integridad física y mental de los individuos prevalece sobre cualquier creencia que justifique la violencia psicológica.
Con la publicación en el Diario Oficial del Estado, la norma entrará en vigor a los 30 días, dando tiempo a las autoridades locales y a los profesionales de la salud para adecuar sus protocolos. Se crearán unidades de denuncia especializadas y se capacitará a policías y fiscales para la persecución de los casos.
Observadores internacionales han aplaudido la medida, considerándola una referencia para otros estados de México y América Latina que aún carecen de legislación similar. La prohibición de las terapias de conversión refuerza el compromiso del país con la igualdad y la no discriminación, marcando un precedente legal que podría inspirar reformas a nivel nacional.
En conclusión, Veracruz se posiciona como pionero en la lucha contra la violencia basada en la orientación sexual, ofreciendo un marco legal robusto que protege a la comunidad LGBTQ+ y sanciona a quienes persistan en prácticas nocivas bajo la falsa premisa de “curar” la diversidad sexual.
Fuente: Diario de Xalapa