Una jornada de furia se desató el sábado en toda Francia, donde entre medio millón y 800 mil personas salieron a las calles a protestar contra la educación, el alto costo de la vida y el deterioro del Estado de bienestar. La policía respondió con gases lacrimógenos y enfrentamientos que terminaron en incendios, saqueos y más de 1,200 arrestos, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. El presidente Emmanuel Macron condenó los hechos, asegurando que “no hay lugar para la violencia” y prometiendo procesar a quienes hayan atacado edificios públicos.
Los disturbios se concentraron en varias ciudades importantes. En París, la manifestación principal partió de la Place de la République y se dirigió a la Place de Clichy, mientras pequeños grupos incendiaban comercios y vandalizaban la sede de la prefectura. En Limoges, bomberos lucharon contra un incendio provocado que consumió gran parte de la fachada del ayuntamiento del siglo XIX, dejando el edificio “en gran medida perdido”. En Marsella, una comisaría fue asaltada, dejando 107 policías heridos, tres de ellos gravemente. En Lyon, manifestantes prendieron fuego a la oficina de turismo, rompiendo ventanas y obstaculizando la labor de los bomberos.
El conflicto se intensificó cuando la extrema izquierda y los sindicatos se sumaron al movimiento, acusando al gobierno de no atender las demandas sociales. El líder de La France Insoumise, Jean‑Luc Mélenchon, culpó al primer ministro Sébastien Lecornu de “jugar con fuego” y de provocar una represión que avivó la protesta. Por su parte, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen denunció que la “extrema izquierda” había envenenado la marcha, intentando sumir al país en el caos.
Los orígenes de la revuelta se remontan a protestas estudiantiles en los barrios periféricos del norte de París, donde la falta de docentes y el mal estado de las instalaciones desencadenaron un movimiento nacional contra la desigualdad y la escasa inversión pública. A este escenario se sumaron los “chalecos amarillos”, sindicatos y jóvenes, creando una coalición diversa pero con un punto en común: la exigencia de salarios dignos, pensiones justas y la reinstauración de un impuesto sobre la riqueza.
El gobierno intentó separar la protesta pacífica de la violencia, señalando que la policía había contenido a los grupos violentos para permitir la marcha oficial. Sin embargo, las imágenes de enfrentamientos, incendios y saqueos alimentaron un clima de polarización política que amenaza la estabilidad del país de cara a las elecciones presidenciales previstas para abril.
En respuesta, la Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a continuar la movilización pacífica y anunció una gran huelga intersindical para el 5 de noviembre, mientras que el presidente Macron reiteró su compromiso de no ceder ante la intimidación y de proteger las instituciones democráticas.
Fuente: Bbc