El debate sobre la pena capital en Estados Unidos se intensificó luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara la transmisión en vivo del fusilamiento de Nidal Hasan, ex psiquiatra militar responsable del tiroteo en Fort Hood en 2009. La propuesta fue rápidamente rechazada por el presidente Donald Trump, pero el anuncio reveló una tendencia creciente: el retorno de métodos de ejecución antiguos, como el pelotón de fusilamiento, que no se usaba desde 1945.
Este posible regreso surge en medio de una serie de ejecuciones fallidas que han sacudido la opinión pública. La más reciente, la de Christa Pike, condenada por asesinar a una compañera de clase, terminó en una inyección letal que la dejó inconsciente y requirió su traslado a un hospital. Tras diez días de recuperación, Pike fue devuelta a prisión, lo que reavivó las críticas a la supuesta “humanidad” de las inyecciones.
Desde la introducción de la inyección letal en Texas en 1982, Estados Unidos ha registrado 64 ejecuciones fallidas en los últimos cincuenta años, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Los errores se atribuyen a falta de capacitación, uso de fármacos caducados o combinaciones no probadas, y a la escasez de medicamentos, pues muchas compañías farmacéuticas se niegan a venderlos para este fin. Expertos médicos advierten que incluso los métodos modernos pueden causar sufrimiento extremo, como edema pulmonar o asfixia dolorosa.
Ante estos problemas, varios estados han adoptado alternativas controvertidas. Alabama y Luisiana emplean gas nitrógeno, que obliga al prisionero a respirar un gas inerte hasta la asfixia, proceso que ha generado convulsiones y violencia en la camilla. Otros nueve estados mantienen la silla eléctrica como método predeterminado, pese a su historial de ejecuciones problemáticas que incluyen quemaduras y muerte lenta.
Idaho se convirtió en el primer estado en reinstaurar el fusilamiento como método principal, seguido por Mississippi, Oklahoma, Utah y Carolina del Sur. Los defensores argumentan que un disparo bien ejecutado es rápido y menos propenso a errores humanos, aunque casos como el de Mikahl Mahdi, cuya muerte se prolongó porque las balas no alcanzaron el corazón, demuestran que el riesgo persiste.
El presidente Trump, quien restableció la pena de muerte federal en 2025, ha impulsado la ampliación del castigo capital contra narcotraficantes y traficantes de personas. Sus declaraciones han estimulado a legislaturas estatales a reconsiderar y aprobar métodos tradicionales, mientras organizaciones médicas y de derechos humanos siguen denunciando la incompatibilidad de cualquier forma de ejecución con el juramento de preservar la vida.
En medio de este escenario, la sociedad estadounidense enfrenta una disyuntiva: mantener una práctica que, según críticos, viola principios éticos y médicos, o buscar alternativas que, hasta ahora, no han demostrado ser más humanas ni efectivas.
Fuente: Bbc