El Senado mexicano dio el visto bueno a la Ley de Ingresos para 2027 y la remitió al Ejecutivo, marcando el inicio de un controvertido paquete de reformas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Los cambios, que afectan a agencias automotrices, distribuidores de alimentos, farmacéuticos, supermercados y tiendas departamentales, implican un aumento de la base gravable sin que los márgenes de utilidad se vean fortalecidos, lo que podría traducirse en mayores pagos de impuestos para empresas que ya operan con ganancias mínimas.
Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), alrededor de mil agencias –un tercio de los 3,000 asociados– corren el riesgo de caer en quiebra. Con márgenes de utilidad entre 1% y 3%, cualquier alza en el ISR absorbería una parte significativa de los escasos recursos que les quedan después de cubrir costos de compra, créditos, salarios y gastos operativos. El cálculo presentado por la industria muestra que una empresa con ventas de 100 millones de pesos y costos de 98 millones vería su carga fiscal pasar de 600 mil a casi un millón de pesos, reduciendo su ganancia neta a la mitad.
El mecanismo fiscal se aplica a empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos que generen utilidad fiscal. La tasa general del ISR se mantiene en 30%, pero el nuevo tope del 96.67% de los ingresos deducibles eleva la base gravable, obligando a los negocios de bajo margen a destinar recursos que antes destinaban a reposición de inventario, modernización de equipos o expansión de sucursales. Hacienda estima que estas medidas podrían generar entre 130 y 140 mil millones de pesos adicionales, una parte de los 300 mil millones de pesos que el Ejecutivo busca recaudar para reducir el déficit.
El Senado incluyó una reserva que exceptúa algunas operaciones automotrices bajo depósito fiscal y actividades de distribución de gasolina y diésel, pero la exención es limitada y deja fuera a la mayoría de los comercios afectados. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha respaldado la lucha contra la evasión, pero solicita distinguir entre quienes ocultan ganancias y quienes operan con márgenes reducidos.
Empresarios y representantes del sector, entre ellos Carlos Slim y Francisco Cervantes, han presionado para que se emita un decreto que reconozca la realidad de los márgenes estrechos y ajuste los límites de deducción. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido al subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, para que continúe el diálogo y busque una solución que evite cierres masivos.
Mientras tanto, el CCE propone una reforma fiscal integral para 2028 que conciliaría la necesidad de recaudación con la inversión privada. La discusión sobre el paquete de 2027 sigue abierta, y los próximos pasos dependerán de la respuesta del Ejecutivo y de posibles ajustes legislativos en el futuro cercano.
Fuente: Eluniversal