El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador del Grupo Salinas, manifestó este lunes su oposición a la propuesta de instaurar una jornada laboral de 40 horas semanales en México. En una entrevista televisiva, el magnate argumentó que la medida podría elevar los costos operativos y reducir la competitividad de las empresas del país, especialmente en sectores que dependen de mano de obra intensiva.
Salinas Pliego sostuvo que la normativa, aunque bien intencionada, ignora la realidad de muchas firmas que aún no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para mantener la productividad con menos horas de trabajo. Según él, la solución no pasa por reducir la jornada, sino por invertir en automatización y capacitación que permitan a los trabajadores adaptarse a nuevas exigencias sin perder sus empleos.
El empresario lanzó una advertencia que ha generado polémica: si la ley de 40 horas se aprueba, el Grupo Salinas considerará reemplazar a aproximadamente 15 mil empleados por máquinas y sistemas automatizados que, a su parecer, no solicitan licencias de maternidad ni otros beneficios sociales. Esta afirmación ha sido calificada por sindicatos y organizaciones laborales como una amenaza directa a la estabilidad del empleo y a los derechos de las trabajadoras embarazadas.
Los sindicatos, encabezados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), repudiaron la postura de Salinas Pliego y solicitaron al Gobierno federal que garantice la protección de los derechos laborales antes de cualquier reforma. Señalaron que la reducción de la jornada busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitir una mejor conciliación familiar y reducir la informalidad laboral.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha impulsado la agenda de reducción de la jornada en varios sectores, indicó que la propuesta seguirá en discusión en el Congreso y que se escucharán todas las opiniones, incluidas las del sector empresarial. Sin embargo, advirtió que cualquier intento de sustituir a trabajadores por máquinas sin una política de reconversión podría generar conflictos sociales.
Analistas económicos coinciden en que la automatización es una tendencia inevitable, pero subrayan la necesidad de políticas públicas que acompañen la transición, como programas de capacitación y subsidios para pequeñas y medianas empresas. La controversia plantea un debate sobre cómo equilibrar la modernización productiva con la protección de los derechos laborales en México.
Mientras tanto, la discusión legislativa avanza y se espera que el proyecto de ley sea votado en la próxima sesión del Congreso. La sociedad civil, los empresarios y los sindicatos seguirán observando de cerca los posibles impactos de una jornada de 40 horas y la amenaza de automatizar miles de puestos de trabajo.
Fuente: Jornada