El 17 de marzo, a la una y media de la tarde, el buque pesquero “Negra Francisca Duarte II” navegaba a 170 millas náuticas de las Islas Galápagos, de regreso al puerto de Manta, tras dos semanas de faena. Dieciséis tripulantes, entre ellos su capitán Hernán Flores, descansaban en la cubierta cuando avistaron dos drones acercándose.\n\nFlores, creyendo que solo filmaban, ordenó ignorarlos, pero segundos después una explosión sacudió la cabina de mando. El impacto dejó a varios pescadores heridos, incendió parte del barco y provocó una serie de explosiones que obligaron a la tripulación a abandonar la nave en lanchas auxiliares.
Uno de los drones, pequeño con cuatro aspas y un tubo central, cayó sobre la cubierta, aumentando la confusión y el temor de que pudiera detonar nuevamente.\n\nTras la evacuación, los pescadores intentaron acercarse a un barco azul que habían visto antes del ataque, creyendo que era un atunero. En lugar de recibir ayuda, el barco resultó ser una embarcación militar con tripulantes de habla inglesa, armados y uniformados. Los pescadores fueron obligados a subir, esposados y cubiertos con capuchas, permaneciendo horas en una cubierta metálica bajo condiciones extremas de calor y frío.
Al día siguiente fueron entregados a la guardia costera de El Salvador, que los recibió como “náufragos” y facilitó su regreso a Ecuador.\n\nEste incidente se enmarca dentro de la operación “Southern Spear”, iniciada en septiembre de 2025 por el Comando Sur de EE.UU., que ha registrado alrededor de 70 ataques a supuestas embarcaciones “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico, dejando más de 200 muertos. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los casos, el gobierno estadounidense no ha reconocido su responsabilidad en los ataques al “Negra Francisca”, al “Don Maca” y al “Fiorella”. Testimonios de sobrevivientes y análisis de expertos señalan patrones comunes: seguimiento previo con drones, abordaje por naves militares y posterior entrega a autoridades salvadoreñas.\n\nOrganizaciones de derechos humanos, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, denuncian violaciones graves, entre ellas la privación arbitraria de libertad, daño físico y destrucción de propiedad.
Además, critican la falta de diligencia de las autoridades ecuatorianas; la Fiscalía abrió investigaciones pero no ha avanzado significativamente. Los pescadores afirman que la guardia costera ecuatoriana había inspeccionado su barco horas antes del ataque, lo que plantea interrogantes sobre la lógica detrás de la agresión.\n\nMientras la CIA no ha respondido a los requerimientos de BBC Mundo, un informe de The Washington Post sugiere la posible participación de un avión ejecutivo de alta gama, equipado con tecnología de vigilancia, que voló desde El Salvador hacia las embarcaciones días antes de los incidentes. La comunidad internacional observa con creciente preocupación la falta de claridad y la aparente impunidad que rodea estos actos, que podrían constituir una forma de guerra encubierta contra la pesca latinoamericana.\n\nEl caso del “Negra Francisca” pone de relieve la vulnerabilidad de los pescadores frente a operaciones secretas y la necesidad de una investigación transparente que determine responsabilidades, garantice justicia para las víctimas y evite que se repitan episodios similares en el futuro.
Fuente: Bbc