La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denunció este viernes que la decisión de EE. UU. de transmitir en directo el fusilamiento del condenado Nidal Malik Hasan constituye una forma de tortura. Volker Türk, alto comisionado, recordó que las ejecuciones públicas violan la prohibición absoluta de tratos crueles, inhumanos o degradantes establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La transmisión, según la ONU, equivale a una ejecución pública y vulnera el derecho a la vida, convirtiéndola en una pena arbitraria.
El Pentágono confirmó que la ejecución será la primera que realicen las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961 y la primera por pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Un funcionario anónimo del Departamento de Defensa anunció que el fusilamiento de Hasan, programado para el 3 de diciembre, será emitido en vivo para que el público lo pueda presenciar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, subrayó que se trata de un acto histórico y que se garantizará su difusión a través de plataformas oficiales.
Nidal Hasan, psiquiatra militar de origen palestino, perpetró el 5 de noviembre de 2009 el tiroteo en la base de Fort Hood, Texas, que dejó 13 muertos, entre ellos 12 soldados, y decenas de heridos. Motivado por su oposición a las guerras en Afganistán e Irak, Hasan fue detenido, quedó parapléjico tras recibir un disparo en la columna vertebral y fue condenado a muerte en 2013. Su caso ha sido objeto de debate sobre la justicia militar y la seguridad interna en EE. UU.
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos han recordado que la práctica de ejecuciones públicas fue abolida en la mayor parte del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, citando su carácter humillante y su potencial de incitar a la violencia. La ONU advierte que la transmisión en línea podría generar un espectáculo mediático que vulnera la dignidad humana.
En Estados Unidos, la medida ha generado críticas de grupos defensores de los derechos civiles y de algunos legisladores, que argumentan que la difusión masiva de la muerte de un individuo, aunque sea un condenado, contradice los principios constitucionales de justicia y humanidad. Por su parte, el Departamento de Defensa sostiene que la transmisión busca “transparencia” y “rendición de cuentas” en el proceso de ejecución.
El caso de Hasan plantea un debate profundo sobre la pena de muerte, la exposición mediática de la violencia estatal y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Mientras se acerca la fecha de la ejecución, la comunidad global seguirá observando cómo EE. UU. responde a las críticas y si mantiene su postura frente a la normativa internacional contra las ejecuciones públicas.
Fuente: Dw