La Cámara de Diputados aprobó este martes una iniciativa legislativa impulsada por el partido Morena que busca regular la tenencia de inmuebles deshabitados. La propuesta, conocida como “Ley de Vacancia”, establece que los propietarios que no ocupen sus casas o departamentos por más de dos años deberán ponerlas a la venta o arrendamiento, bajo la supervisión de la autoridad federal. La medida pretende combatir la escasez de vivienda y el aumento de precios en zonas urbanas, pero ha generado polémica entre sectores inmobiliarios y defensores de los derechos de propiedad.
Según el texto de la iniciativa, los propietarios deberán notificar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la situación de sus inmuebles. Si transcurridos 24 meses no hay ocupación ni oferta de venta, la autoridad podrá ordenar la subasta pública del bien, destinando los recursos a programas de vivienda social. El gobierno argumenta que la medida evitará la especulación y el acaparamiento de terrenos que agravan la crisis habitacional en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de propietarios critican la propuesta por considerarla una vulneración al derecho constitucional a la propiedad privada. En un comunicado, la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios (ANPI) señaló que la ley podría desencadenar procesos judiciales y generar incertidumbre en el mercado, afectando tanto a inversionistas como a familias que atraviesan dificultades económicas temporales.
Expertos en urbanismo advierten que la solución a la escasez de vivienda no pasa por obligar a vender, sino por incentivar la construcción de viviendas asequibles y regular el uso de suelo. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha publicado un estudio que muestra que la oferta de viviendas nuevas ha disminuido un 12% en los últimos cinco años, mientras que la demanda sigue en aumento.
En el Congreso, los opositores al proyecto, encabezados por representantes del PAN y del PRI, han solicitado la revisión de la iniciativa y la inclusión de mecanismos de protección para propietarios vulnerables. Proponen, en su lugar, programas de incentivos fiscales y subsidios para la rehabilitación de inmuebles desocupados, en vez de medidas coercitivas.
Mientras tanto, la iniciativa será remitida al Senado para su discusión. De aprobarse, entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un precedente en la política de vivienda del país y generando un intenso debate sobre los límites del Estado frente a la propiedad privada.
Fuente: Diario de Xalapa