El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a plantear la posibilidad de detener el tráfico del AVE Madrid‑Barcelona durante dos años para llevar a cabo una renovación completa del corredor. La idea surge tras los recientes accidentes en Adamuz y Urda, que han puesto en entredicho la seguridad de la infraestructura y han obligado al Gobierno a replantear la estrategia de obras.
Según declaraciones recogidas por La Vanguardia, Puente señaló que el cierre no se plantea solo por motivos de seguridad, sino también para acelerar la modernización. La línea, que transporta alrededor de 15 millones de pasajeros al año, está programada para reducir el tiempo de viaje a menos de dos horas mediante la instalación de “aerotraviesas” y la actualización del sistema ERTMS de nivel 1 a nivel 2.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respondió con cautela, calificando la propuesta como una “reflexión” y subrayando la necesidad de minimizar el impacto en el servicio. Illa insistió en que cualquier intervención debe realizarse con los máximos estándares de seguridad y con la menor interrupción posible para los usuarios, quienes cada día confían en el tren de alta velocidad como la principal opción de desplazamiento entre ambas ciudades.
Cerrar la ruta durante dos años implicaría un desafío logístico enorme. El tráfico aéreo ya ha absorbido parte de la demanda, pero la falta de una alternativa ferroviaria robusta podría afectar al sector turístico, que maneja cerca de 100,000 millones de euros en ingresos vinculados al desplazamiento entre Madrid y Barcelona. Además, la reducción del servicio impactaría la cadena de suministro de mercancías y la movilidad de los trabajadores que dependen del AVE.
Los defensores del cierre total argumentan que trabajar sin trenes en circulación permitiría una intervención más rápida y segura, reduciendo el tiempo total de obras y evitando incidentes como los ocurridos en Urda, cuyo origen se relacionó con la caída del sistema LZB. Los sindicatos, por su parte, afirman que una paralización completa facilitaría la capacitación del personal y garantizaría la calidad de las obras.
En contraste, la experiencia reciente muestra que la línea ha sufrido limitaciones de velocidad y restricciones operativas tras los accidentes de 2025 y 2026, dejando a un tercio del trayecto con límites de 30 km/h. La presión sobre el Gobierno aumenta, pues la confianza del público está en juego y la competitividad del transporte ferroviario español depende de una solución que combine seguridad, rapidez y eficiencia.
Aún no hay una decisión definitiva, pero el debate está abierto y será crucial para definir el futuro de la alta velocidad en España. La respuesta del Gobierno, los sindicatos y la comunidad autonómica de Cataluña determinará si el cierre temporal se convierte en la medida necesaria para recuperar la confianza en el AVE y cumplir con la ambiciosa meta de viajar entre Madrid y Barcelona en menos de dos horas.
Fuente: xataka