A partir del sábado 17 de octubre de 2026 entra en vigor la última medida del Ministerio de Transformación Digital de España contra el spam telefónico. La normativa obliga a que todas las empresas que realicen llamadas con fines comerciales utilicen únicamente números de nueve dígitos que empiecen por el prefijo 400. El objetivo es sencillo: que el usuario pueda reconocer al instante si la llamada tiene carácter promocional y decidir si contestar, filtrar o bloquear.
La resolución, publicada en el BOE en abril, elimina cualquier otro rango numérico para usos comerciales. Los números 400 son unidireccionales: sirven solo para llamar al consumidor y no permiten la devolución de la llamada, lo que reduce el riesgo de fraudes por retorno a números desconocidos. Sin embargo, la normativa contempla excepciones para la atención al cliente, siempre que la llamada se relacione con una consulta, queja o incidencia y ofrezca mejoras en condiciones o precios, según el artículo 16.2 de la Ley 10/2025.
Para el público, la identificación será visual. Al recibir una llamada cuyo número comience con 400, el teléfono mostrará la etiqueta “Llamada comercial” y el usuario podrá solicitar al operador que bloquee todas esas llamadas. No obstante, el prefijo no garantiza legitimidad; si una entidad como un banco o una compañía energética llama desde un 400, es sospechoso y se recomienda contactar a través de los números oficiales de atención al cliente.
Los operadores de telecomunicaciones son los encargados de asignar los bloques de números 400 a las empresas, mediante un proceso de solicitud por orden de llegada y en lotes de 1.000 números. Ya se han anunciado algunos rangos: Movistar usará el 400 00 1004, Digi empleará varios números entre 400 120 120 y 400 120 134, y el servicio “SoyYo” permite a consumidores identificar la empresa detrás de una llamada 400.
Las compañías deberán adaptar sus plataformas de llamadas, como centralitas virtuales o dialers, para asegurarse de que sus campañas comerciales salgan exclusivamente de números 400. La normativa concede un plazo hasta el 28 de diciembre de 2026 para que todas las empresas cumplan con la obligación, aunque el prefijo ya está activo.
Esta medida se suma al Plan antiestafas telefónicas y SMS lanzado en 2025, que incluye el registro de alias gestionado por la CNMC. Aun así, los expertos advierten que el spam no desaparecerá: los estafadores pueden falsificar el número de origen y los filtros basados en patrones de tráfico siempre van un paso detrás de los agresores. La Ley 10/2025 excluye a las pymes que no ofrezcan servicios de interés general, lo que limita su alcance.
En conclusión, el prefijo 400 representa un avance significativo para dar mayor transparencia al consumidor español, pero la lucha contra el spam telefónico seguirá requiriendo medidas complementarias y una mayor concienciación del público.
Fuente: Xataka