Una mujer condenada a muerte en Tennessee, Christa Pike, de 50 años, fue trasladada a un hospital después de que la inyección letal fallara y la dejara sin vida aparente. La defensa informó a la BBC que la condenada está recibiendo “medidas para salvarle la vida” tras la administración de dos jeringas de pentobarbital, el fármaco usado en el protocolo actual de ejecución. El caso reaviva el debate sobre la viabilidad y la humanidad del método más usado en Estados Unidos.
Pike fue sentenciada en 1996 por el asesinato de la joven de 19 años, Colleen Slemmer. Su ejecución, prevista para el miércoles, se convirtió en una batalla legal que se desarrolló hora tras hora en los tribunales de Tennessee. Este episodio es el segundo intento fallido en el estado este año; en mayo, la inyección de Tony Carruthers se pospuso porque el personal no pudo encontrar una vena adecuada. Los fallos ponen en evidencia la creciente escasez de fármacos y la falta de protocolos claros.
Desde que la Corte Suprema anuló la moratoria sobre la pena capital en 1976, se han ejecutado 1,683 personas en el país, según el Death Penalty Information Center (DPIC). Las mujeres representan apenas el 1 % de ese total, con solo 18 ejecuciones femeninas. En 2025 se registraron 47 ejecuciones, la cifra más alta desde 2009, aunque el apoyo popular a la pena de muerte cayó al 52 % según una encuesta de Gallup, el nivel más bajo en medio siglo.
El método predominante sigue siendo la inyección letal, que representa el 89 % de las ejecuciones desde 1976. Sin embargo, la industria farmacéutica se ha negado a suministrar los compuestos necesarios, obligando a varios estados a recurrir a farmacias de formulación magistral o a buscar alternativas como el gas de nitrógeno, la electrocución o el fusilamiento. Estas variaciones han generado ejecuciones prolongadas y denuncias de sufrimiento, alimentando críticas sobre posibles violaciones a la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.
El Departamento de Justicia publicó en abril un memorando de 48 páginas que define el pentobarbital como “el estándar de oro” para la inyección letal, pero también ordenó ampliar los métodos permitidos, incluyendo fusilamiento, gas y electrocución. Mientras la administración de Joe Biden había impuesto una moratoria federal, Donald Trump la reactivó en 2025, lo que ha intensificado la controversia política y legal en torno al tema.
Los críticos señalan que la falta de transparencia sobre los proveedores de fármacos y la escasez de estos medicamentos hacen imposible garantizar una muerte sin dolor. Además, el impacto psicológico en guardias, médicos y testigos, como declaró el exdirector penitenciario Allen Ault, añade una dimensión humana que rara vez se discute en los debates legislativos. La ejecución fallida de Pike, por tanto, no es solo un caso aislado, sino un síntoma de un sistema en crisis.
Fuente: Bbc