Especialistas y activistas se reunieron en Xalapa para señalar una grave falla del sistema forense nacional. Según los participantes, la falta de interconexión entre los registros de ADN, odontología y huellas dificulta la localización de personas desaparecidas y retrasa la entrega de resultados a las familias. La carencia de una base de datos única obliga a los peritos a trabajar con información fragmentada, lo que aumenta el margen de error y prolonga los tiempos de respuesta.
El problema no es nuevo; lleva años gestándose por la ausencia de una política clara de integración de datos entre la Fiscalía General, el Instituto Nacional de Medicina Legal y los organismos estatales. En 2022, el Consejo Nacional de Población reportó que sólo el 38 % de los casos de desaparición contaba con al menos una muestra genética disponible, y de esos, menos de la mitad había sido cruzada con bases externas. Esta situación se agrava en regiones con alta migración, como Veracruz, donde los recursos forenses son escasos y la demanda de identificación es alta.
Los activistas señalaron que la burocracia y la falta de financiamiento son los principales obstáculos para crear una plataforma única. “Sin una base de datos centralizada, cada caso se vuelve una isla”, afirmó Ana Martínez, directora de la asociación civil Derechos y Vida. Además, advirtió que la ausencia de protocolos estandarizados impide que laboratorios de diferentes estados compartan resultados de manera segura y eficiente.
En respuesta, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz anunció la puesta en marcha de un proyecto piloto que busca integrar los registros de ADN y odontología en un solo sistema digital. El objetivo es reducir el tiempo de identificación de 12 a 4 semanas y mejorar la coordinación entre autoridades locales y federales. Sin embargo, expertos advierten que la iniciativa requerirá inversión tecnológica y capacitación del personal forense.
Mientras tanto, las familias de desaparecidos siguen esperando respuestas. María López, madre de una joven desaparecida desde 2019, expresó su frustración: “Cada día es una incertidumbre, y la falta de datos nos deja sin esperanza». La presión social ha llevado a varios legisladores a presentar una iniciativa de ley que obligaría a la unificación de bases de datos y establecería sanciones por demoras injustificadas.
La situación evidencia la necesidad de una reforma estructural del sistema forense mexicano. Sin una base de datos conectada y protocolos claros, la identificación de personas desaparecidas seguirá siendo un proceso lento y doloroso, impactando directamente en la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia.
Fuente: Diario de Xalapa