El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, confirmó este viernes que había advertido al Gobierno central sobre la inminente oleada migratoria proveniente de Marruecos, pero sus llamadas fueron desestimadas. Según Vivas, desde el 27 de julio intentó contactar a la Casa del Gobierno para solicitar medidas extraordinarias, pero le dijeron que dejara de llamar porque su insistencia resultaba “muy pesada”. Tres días después, entre el 30 y 31 de julio, llegaron decenas de miles de migrantes, desencadenando una de las crisis más graves que Europa ha visto en los últimos años.
Vivas aseguró que, antes del arribo masivo, buscó hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez, pero sólo fue recibido por funcionarios que aseguraron que la situación estaba “bajo control” y que no se necesitaban medidas excepcionales. El mandatario de Ceuta pidió la declaración de emergencia nacional para frenar la migración irregular, pero la respuesta oficial fue que no había fundamento para activar tal mecanismo. La falta de una reacción temprana, según el presidente ceutí, agravó la saturación de los recursos locales.
Durante una reunión con representantes del Ejecutivo, Vivas propuso aplicar la Ley de Seguridad Nacional para reforzar la frontera, pero los funcionarios mostraron “mala cara” y consideraron que la medida era desproporcionada. Asimismo, minimizaron la posibilidad de una entrada masiva, calificándola de “tormenta de verano” y asegurando que Marruecos colaboraría para contenerla. La noche del 29 de julio, pese a la presión del presidente de Ceuta, la respuesta oficial siguió sin reconocer la gravedad del hecho.
Al día siguiente, Ceuta se vio inundada de migrantes, generando una presión inmensa sobre los servicios de salud, la seguridad y la infraestructura urbana. Las autoridades locales tuvieron que activar protocolos de emergencia, mientras que el Gobierno central mantuvo su postura de que la situación estaba bajo control, lo que generó críticas de partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos.
La crisis ha puesto en relieve la falta de coordinación entre la administración autonómica y la central en materia migratoria. Expertos advierten que la ausencia de una respuesta temprana puede traducirse en mayores costos humanos y logísticos, y recalcan la necesidad de protocolos claros para futuros episodios. Mientras tanto, Ceuta sigue lidiando con la atención de miles de personas que buscan asilo o paso a Europa.
El caso ha reavivado el debate sobre la política migratoria de España y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en territorios fronterizos. La presión sobre el Gobierno de Sánchez aumenta, y se espera que en los próximos días se presenten iniciativas parlamentarias para revisar los mecanismos de alerta y respuesta ante crisis migratorias similares.
Fuente: RT Español