En varios municipios de Veracruz, los adultos mayores están alzando la voz contra la creciente ola de abusos económicos que afecta a la población pensionada. Según organizaciones locales, cientos de ancianos han visto cómo sus pensiones son desviadas por familiares, cuidadores o incluso funcionarios sin autorización, lo que los coloca en situación de pobreza extrema. Ante la falta de respuestas efectivas de las autoridades, los grupos de defensa han presentado una iniciativa de ley que propone penas de cárcel para quienes se apropien de los recursos de los jubilados sin su consentimiento.
La problemática no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos dos años, coincidiendo con la crisis económica nacional y la escasez de empleos formales. Testimonios recogidos por la prensa local revelan casos donde los beneficiarios son obligados a firmar documentos bajo coacción, o se les impide acceder a sus propios fondos por medio de fraudes bancarios. “Mi madre ya no tiene dinero para comprar su medicina; la única solución que vemos es que los culpables paguen con la cárcel”, declaró María González, activista de la asociación “Manos Unidas”.
El proyecto de ley, que ya cuenta con el respaldo de varios diputados estatales, establece sanciones de hasta cinco años de prisión y multas significativas para quienes administren o sustraigan pensiones sin autorización judicial. Además, contempla la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General del Estado para investigar y perseguir estos delitos, con la finalidad de agilizar los procesos y proteger a los beneficiarios.
Expertos en derecho social advierten que la medida debe ir acompañada de políticas preventivas, como la educación financiera de los adultos mayores y la implementación de mecanismos de control más rigurosos en las instituciones bancarias. “Castigar a los culpables es necesario, pero también lo es fortalecer los sistemas de vigilancia para que estos abusos no ocurran”, señaló la abogada Ana Martínez, especializada en derechos de la tercera edad.
Mientras tanto, la comunidad ha organizado marchas y concentraciones en la capital del estado, exigiendo una respuesta inmediata del gobierno. En la última manifestación, cientos de personas portaron pancartas con el mensaje “¡No más robos a nuestros mayores!” y entregaron una petición firmada a la oficina del gobernador, solicitando la promulgación urgente del proyecto.
Las autoridades estatales han manifestado su disposición a revisar la propuesta, aunque advierten que cualquier cambio legislativo requiere de un proceso de discusión y aprobación en el Congreso. Sin embargo, la presión social parece haber acelerado el debate, y se espera que el proyecto sea votado en la próxima sesión ordinaria del Legislativo estatal.
Si la iniciativa se aprueba, Veracruz podría convertirse en el primer estado mexicano en establecer penas de cárcel específicas para el robo de pensiones, marcando un precedente importante en la defensa de los derechos de los adultos mayores y sentando las bases para una política de protección más robusta a nivel nacional.
Fuente: Diario de Xalapa