El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó este lunes la sanción de un año de inhabilitación para la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por no declarar una cuenta bancaria en sus bienes. La decisión, tomada por unanimidad, confirma que la exfuncionaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no podrá ocupar ningún cargo público durante los próximos doce meses, una vez que la sentencia sea definitiva.
El caso se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Robles dirigió las secretarías de Desarrollo Social (2012‑2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015‑2018). Durante ese periodo, la auditoría de la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, detectó la omisión de una cuenta bancaria a nombre de Robles en sus declaraciones patrimoniales. Ante esa irregularidad, la Secretaría de la Función Pública emitió en septiembre de 2019 una sanción de diez años de inhabilitación.
Robles impugnó la resolución ante un tribunal colegiado, argumentando que la sanción ya había sido impuesta y que, por lo tanto, se estaba juzgando dos veces el mismo hecho. El tribunal colegiado revocó la medida de diez años y ordenó a la dependencia que dictara un nuevo fallo, el cual se concretó en junio de 2023 y estableció una inhabilitación de un año.
Ante la nueva sanción, la exsecretaria presentó un juicio administrativo alegando violaciones al debido proceso y al principio de non bis in idem, que prohíbe sancionar dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, los magistrados del TFJA descartaron esas alegaciones, señalando que la resolución de 2023 no constituye una segunda sanción, sino la continuidad de la medida inicialmente dictada en 2019.
Los magistrados precisaron que la inhabilitación no tiene efectos retroactivos ni para 2019 ni para 2023; su vigencia comienza a partir de la fecha en que la sentencia se haga firme. Con ello, la autoridad judicial cerró definitivamente el proceso administrativo contra Robles, quien ya había sido señalada en la polémica “estafa maestra” que involucró a varios funcionarios del gobierno federal.
Esta decisión refuerza el criterio de la justicia administrativa mexicana en materia de transparencia y rendición de cuentas, al aplicar sanciones por omisiones en la declaración de bienes. Asimismo, envía un mensaje a los servidores públicos de que la falta de información patrimonial será perseguida con rigor, independientemente de su posición política.
La comunidad política y la sociedad civil observarán de cerca el cumplimiento de la sanción, mientras que Robles deberá abstenerse de postularse a cualquier cargo público hasta que concluya el periodo de inhabilitación.
Fuente: Eluniversal