Guillermo Zuany, quien se desempeñó como fiscal del distrito judicial de Chihuahua entre 2015 y 2021, abandonó México a finales de 2023 y solicitó asilo en Estados Unidos, según informó el New York Times. La publicación señala que el ex funcionario se encuentra bajo la protección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que su caso está siendo evaluado por la Oficina de Refugiados.
Zuany había sido protagonista de varias investigaciones por presuntos actos de corrupción y cohecho durante su gestión, aunque nunca fue formalmente acusado. Sus detractores alegan que utilizó su posición para favorecer a grupos del crimen organizado y que su salida del país responde a temores de represalias tras la apertura de nuevas averiguaciones por parte de la Fiscalía General de la República.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha indicado que brinda protección a personas que demuestren persecución política en sus países de origen. En el caso de Zuany, las autoridades migratorias consideran que podría existir un riesgo para su integridad física si fuera devuelto a México, aunque el proceso de asilo aún está en fase preliminar y no se ha emitido una decisión definitiva.
Esta situación ha reavivado el debate sobre la impunidad de funcionarios públicos en México. Organizaciones de la sociedad civil exigen que se investiguen a fondo los hechos que motivaron la huida del ex fiscal, mientras que algunos sectores políticos advierten sobre la necesidad de respetar los derechos humanos de cualquier persona que solicite refugio, incluso si se trata de ex autoridades.
El caso también pone en relieve la relación entre México y Estados Unidos en materia de cooperación judicial y migratoria. Ambos países han firmado acuerdos para el intercambio de información y la extradición de criminales, pero la protección de un ex funcionario bajo sospecha de corrupción plantea dilemas diplomáticos y legales.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ha anunciado que continuará con sus investigaciones y que no descarta la posibilidad de solicitar la extradición de Zuany si se comprueba su responsabilidad en actos delictivos. La ciudadanía espera respuestas claras que demuestren el compromiso del Estado mexicano con la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Fuente: Jornada