En una sesión ordinaria del Congreso el pasado 28 de octubre, la bancada de Morena entregó a sus 254 diputados federales cinco monederos electrónicos Broxel con un saldo de 10,000 pesos cada uno. La maniobra, anunciada por la coordinación administrativa del grupo parlamentario encabezada por Faruk Miguel Take Roaro, se realizó en el Salón Verde, bajo estricta vigilancia de seguridad y sin la presencia de asesores ni prensa, lo que generó sospechas sobre la transparencia del proceso.
Los monederos, de la modalidad “Tengo Negocios”, están diseñados para viáticos y gastos empresariales, permiten deducciones fiscales de hasta el 100 %, retiros en cualquier cajero y su uso es internacional. Según los documentos internos, el gasto total asciende a 63.5 millones de pesos, una cifra que no está contemplada en las prerrogativas oficiales de los legisladores y que ha sido calificada como un “plan de austeridad” por la propia bancada.
Expertos en rendición de cuentas comparan esta entrega con el escándalo Monexgate de 2012, cuando tarjetas de prepago del Banco Monex fueron usadas para comprar votos y financiar campañas de la coalición Compromiso por México. La excomisionada del INAI, Norma Julieta del Río, señaló que la falta de claridad sobre la partida presupuestal que financia los monederos debe ser investigada por la Auditoría Superior de la Federación, pues la normativa exige transparencia en cualquier gasto público.
El líder del grupo, Ricardo Monreal, explicó que la medida buscaba “evitar filtraciones a los medios” y preparar a los legisladores para la precampaña de 2027. Indicó que el 70 % de los diputados planea buscar reelección o cargos municipales, y que las reformas apoyadas por la presidenta, como la judicial y la de la Guardia Nacional, servirán como plataforma electoral.
Sin embargo, el especialista en anticorrupción Eduardo Bohórquez recordó que Morena, antes de llegar al poder, criticaba la opacidad de ingresos de servidores públicos. Ahora, los legisladores reciben recursos que pueden deducirse al 100 % sin rendir cuentas, lo que abre la puerta a posibles prácticas de elusión fiscal, en contraste con las restricciones que se imponen a los contribuyentes en el Paquete Económico 2027.
Ante la polémica, la bancada de Morena no ha ofrecido detalles sobre la fuente de financiamiento ni ha presentado una rendición de cuentas formal. Mientras tanto, la sociedad civil y organismos de control exigen que la ASF revise el caso para determinar si se vulneró la normativa de austeridad y la transparencia en el uso de recursos públicos.
Fuente: Eluniversal