La noche del viernes 30 de octubre de 2026, la policía de Varsovia desplegó cientos de agentes antidisturbios alrededor de la Corte Constitucional, el máximo órgano judicial de Polonia. La medida se dio luego de que la jueza Anna Korwin‑Piotrowska anunciara la suspensión del presidente del tribunal, Bogdan Świeczkowski, en medio de una pugna entre el partido nacional‑conservador Ley y Justicia (PiS) y el gobierno centrista de Donald Tusk. Desde semanas, seguidores del PiS protestaban frente al edificio, exigiendo la permanencia de los magistrados nombrados por la derecha nacionalista, mientras el Ejecutivo buscaba removerlos por considerarlos una amenaza al Estado de derecho.
Decenas de manifestantes intentaron colarse entre la valla policial, y tres personas fueron detenidas por saltar la barrera y entrar al recinto. Los agentes mantuvieron la zona bajo control, evitando que la multitud alcanzara la entrada principal. Testigos de la AFP describieron un escenario tenso, con cánticos de “¡Tusk traidor!” y pancartas que denunciaban lo que perciben como un intento de “golpe de Estado” por parte del gobierno. La Corte, a través de su cuenta oficial, sostuvo que el presidente Świeczkowski sigue en funciones y que la jueza Korwin‑Piotrowska no puede asumir el cargo interino sin jurar ante el presidente de la república.
El presidente de la República, el nacionalista Karol Nawrocki, interrumpió un vuelo a Senegal para regresar de urgencia a Varsovia y reunirse con el presidente del tribunal y con el ex presidente del mismo, Zbigniew Kaźmiński, en el palacio presidencial. No se revelaron decisiones concretas, pero la reunión subraya la gravedad del conflicto institucional. Mientras tanto, el ministro de Justicia y fiscal general solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Świeczkowski y de su adjunto, Bartłomiej Sochanski, con el objetivo de iniciar procesos penales contra ellos.
Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo y actual primer ministro, ha prometido restaurar el Estado de derecho y acabar con la crisis que ha paralizado al poder judicial. En sus redes sociales declaró que “restablecer el Estado de derecho es nuestro deber”, y aseguró que su gobierno buscará nombrar nuevos magistrados que cuenten con el respaldo de la Unión Europea. La UE ha criticado a Polonia por una supuesta dependencia excesiva del poder político y ha señalado a la Corte Constitucional como uno de los focos de tensión entre Bruselas y los nacionalistas.
A falta de una resolución clara, la Corte Constitucional no permite el acceso a su sitio web y sus canales oficiales permanecen en silencio, alimentando la confusión entre la ciudadanía. La situación refleja una profunda división política que amenaza la estabilidad institucional del país y pone a prueba la capacidad del gobierno de Tusk para mediar entre fuerzas opuestas.
El episodio deja en evidencia la fragilidad del sistema judicial polaco y la necesidad de un diálogo constructivo que evite una escalada de violencia. Observadores internacionales advierten que la prolongación del conflicto podría afectar la relación de Polonia con la UE y su posición dentro del bloque, mientras los ciudadanos esperan respuestas concretas que garanticen la independencia judicial y la paz social.
Fuente: Dw