Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, ejecutó este lunes una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra N., secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan. La detención forma parte de la investigación del homicidio del presidente municipal independiente, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 24 de junio. Según la autoridad judicial, la investigada habría incurrido en delito de encubrimiento por favorecimiento, al presuntamente proteger a los responsables del magnicidio.
El operativo se llevó a cabo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, donde agentes de la FGE y la SSP realizaron un cateo autorizado por el juzgado. Durante la inspección se encontró a la funcionaria y se le entregó a la jueza de Control, quien determinará su situación jurídica respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. La captura eleva a 34 el número de personas detenidas en relación con el caso, entre ellas el presunto autor material y el supuesto cerebro del crimen.
El asesinato de Manzo, líder independiente que había ganado la alcaldía con una amplia mayoría, ha sacudido a la política local y despertado sospechas de nexos entre autoridades y grupos delictivos. Desde la aparición del cuerpo sin vida del alcalde, la FGE ha señalado la existencia de una red de apoyo que habría facilitado la logística del ataque, desde la adquisición de armas hasta la coordinación de los ejecutores.
Expertos en seguridad política advierten que el caso podría revelar un entramado de corrupción que trasciende a la administración municipal. La captura de la secretaria de Bienestar, responsable de programas sociales, sugiere que la red de encubrimiento alcanzó altos niveles del gobierno local, comprometiendo la confianza ciudadana en las instituciones. La comunidad de Uruapan exige respuestas y una investigación exhaustiva que esclarezca los roles de cada implicado.
Por su parte, la Fiscalía ha reiterado que continuará con la búsqueda de los responsables, mientras se revisan los procesos de contratación y asignación de recursos del programa de Bienestar. Se espera que la jueza de Control, una vez analice las pruebas, determine si la detención se mantiene o si la investigada será puesta en libertad bajo fianza.
El caso sigue generando protestas y convocatorias a la ciudadanía para exigir justicia. Organizaciones civiles y partidos políticos han pedido una auditoría independiente y la intervención de autoridades federales para garantizar la transparencia del proceso. La captura de Rosa Alejandra N. marca un punto de inflexión, pero el camino hacia la resolución del magnicidio aún es incierto.
Fuente: Eluniversal