El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que 15 empleados de confianza vinculados a la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei han presentado su renuncia, y se anticipa que el número aumente en los próximos días. Todas las dimisiones se registraron el mismo día en que Blanca Cruz García asumió la presidencia interina del organismo, lo que ha generado un clima de incertidumbre dentro de la entidad electoral.
En una rueda de prensa, la nueva consejera presidenta, Blanca Cruz, informó que los diez consejeros en ejercicio revisarán la situación de Roberto Félix, secretario ejecutivo cercano a Taddei, para decidir si también debe dejar su puesto. Por el momento, Félix permanece en el cargo mientras se lleva a cabo la evaluación de su desempeño y posibles vínculos con los hechos investigados.
Cruz subrayó que la revisión no se limitará al secretario ejecutivo, sino que abarcará a todos los perfiles de la Junta General Ejecutiva y a los titulares de unidades técnicas y coordinaciones con nivel directivo. “Todas las posiciones deben ser revisadas, es un acuerdo de los diez consejeros”, reiteró la consejera presidenta, señalando la necesidad de una auditoría interna exhaustiva.
Entre los renunciantes se encuentran Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática; y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios. Los tres participaron en reuniones con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a Taddei, lo que ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión de la ex consejera.
La mesa de consejeros está analizando la posibilidad de remitir los casos a instancias externas, como el Órgano Interno de Control (OIC) o la Auditoría Superior de la Federación, para que investiguen cualquier anomalía detectada. Según Cruz, los consejeros no pueden iniciar una investigación directa, pero pueden alertar a los órganos fiscalizadores y poner en conocimiento de la autoridad correspondiente los hechos relevantes.
“No somos autoridad fiscalizadora, pero podemos avisar de manera preventiva y deslindar responsabilidades”, explicó la presidenta interina. La medida busca evitar que posibles irregularidades queden impunes y garantizar la transparencia del instituto ante la ciudadanía.
El escenario plantea preguntas sobre la estabilidad del INE y la capacidad de sus autoridades para gestionar crisis internas. La comunidad política y la sociedad civil observan de cerca los próximos pasos, mientras se espera que el organismo refuerce sus mecanismos de control y mantenga la confianza en los procesos electorales del país.
Fuente: Eluniversal