La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este lunes la existencia de cualquier acuerdo que beneficie a la diputada estatal Maru Campos, vinculada al caso de la Comisión de Investigación Administrativa (CIA) en Chihuahua. En una rueda de prensa, la jefa de gobierno afirmó que no se ha negociado ni se negociará una exoneración para la legisladora, pese a los rumores que circulan entre los partidos y los medios. Sheinbaum subrayó que la administración federal respeta los procesos judiciales y que cualquier intento de interferir sería inaceptable. La declaración llega en medio de una creciente presión política para esclarecer el presunto desvío de recursos públicos en el estado del norte.
El caso CIA de Chihuahua se remonta a 2022, cuando una auditoría reveló irregularidades en la asignación de fondos para obras de infraestructura. Según la investigación, varios funcionarios, entre ellos Maru Campos, habrían favorecido a empresas vinculadas a sus contactos, desviando recursos que debían destinarse a obras de agua y saneamiento. La denuncia provocó protestas de la sociedad civil y la apertura de una investigación federal liderada por la Fiscalía General de la República. Hasta la fecha, la diputada ha negado cualquier delito y ha alegado persecución política.
En los últimos días, surgieron reportes de supuestos contactos entre representantes del gobierno federal y líderes del PAN de Chihuahua para lograr la liberación de Campos. Fuentes cercanas a la administración aseguraron que se trató de una mera conversación informal, sin contenido vinculante. Sheinbaum, sin embargo, dejó claro que su gobierno no está involucrado en negociaciones que pudieran condonar responsabilidades penales. “No existe pacto, no hay exoneración y no vamos a ceder a presiones externas”, enfatizó la mandataria.
Los analistas políticos consideran que la postura de Sheinbaum busca evitar que el escándalo se convierta en un tema de campaña para la oposición. La presidenta, que se perfila como candidata a la reelección, necesita mantener una imagen de integridad y respeto al estado de derecho. Por su parte, el PAN de Chihuahua ha calificado la respuesta de la capitalina como “poco clara” y ha exigido pruebas de la supuesta inacción del gobierno federal.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y ha solicitado la comparecencia de varios testigos, entre ellos funcionarios municipales y empresarios locales. La audiencia preliminar está programada para el próximo mes, y se espera que se presenten documentos que evidencien la supuesta colusión. La ciudadanía de Chihuahua sigue atenta, exigiendo transparencia y justicia.
En conclusión, la negativa de Sheinbaum a cualquier pacto con Maru Campos refuerza la postura oficial de no interferir en procesos judiciales, aunque el caso sigue generando debate sobre la corrupción y la impunidad en México. La resolución del proceso judicial será decisiva para determinar la responsabilidad de la diputada y la posible repercusión política en el estado y a nivel nacional.
Fuente: Jornada