El Senado de la República dio el visto bueno a la nueva Ley de Pagos Digitales, una normativa que busca impulsar el uso de medios electrónicos para la liquidación de obligaciones fiscales y comerciales. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, establece un marco legal para regular la operatividad de plataformas de pago, billeteras electrónicas y criptomonedas, con el objetivo de reducir la informalidad y aumentar la recaudación tributaria.
Según los legisladores, la ley contempla la creación de un registro nacional de proveedores de servicios de pago, que permitirá a la autoridad fiscal supervisar y validar la calidad de los servicios ofrecidos. Además, se establecen requisitos de seguridad, interoperabilidad y protección de datos personales, alineados con los estándares internacionales y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Una de las disposiciones más controvertidas es la facultad que se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar, mediante reglas de carácter general, en qué sectores o transacciones los pagos digitales serán obligatorios. Esto significa que, en el futuro, ciertos contribuyentes podrían verse obligados a usar medios electrónicos para el pago de impuestos, nóminas o proveedores, sin opción a efectivo o cheques tradicionales.
Los críticos de la reforma advierten sobre posibles efectos adversos para pequeñas y medianas empresas, que podrían enfrentar costos de adaptación tecnológica y barreras de acceso. Por su parte, representantes del sector fintech celebran la medida, argumentando que brinda certeza jurídica y fomenta la innovación financiera en México. La Cámara de Diputados deberá ahora analizar el proyecto y, de ser aprobado, la ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025, con un periodo de transición de dos años para su implementación.
En el contexto internacional, la iniciativa se alinea con tendencias globales que promueven la digitalización de la economía y la lucha contra la evasión fiscal. Países como Colombia, Brasil y Chile ya han adoptado marcos regulatorios similares, lo que podría facilitar la integración de México en redes de pagos transfronterizos y mejorar la competitividad del país.
La aprobación del Senado marca un paso importante hacia la modernización del sistema financiero mexicano, pero también plantea desafíos de infraestructura, educación financiera y vigilancia regulatoria. La SHCP tendrá la responsabilidad de equilibrar la necesidad de recaudación con la inclusión de los actores económicos más vulnerables, garantizando que la transición a los pagos digitales no genere exclusión ni sobrecarga operativa.
Fuente: Jornada