El gobierno francés convocó este lunes un gabinete de crisis para evaluar los disturbios que sacudieron al país durante el pasado fin de semana, considerados entre los episodios más graves de desorden público de la era moderna. Más de medio millón de manifestantes se concentraron en ciudades como París, Lyon y Marsella para protestar contra el alza del costo de vida y la caída de la calidad de los servicios públicos, especialmente la educación. Aunque la mayoría marchó de forma pacífica, grupos enmascarados y vestidos de negro irrumpieron en la calle, provocando saqueos y enfrentamientos con la policía.
Se estima que alrededor de 1.500 comercios fueron asaltados y muchos quedaron reducidos a escombros. Las fuerzas de seguridad antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y porras, dejando cerca de mil policías heridos, siete de gravedad. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su dimisión, pero el presidente Emmanuel Macron le pidió que permanezca y diseñe un plan para reforzar la seguridad y llevar a los responsables ante la justicia. La presidenta de la Cámara Baja, Yaël Braun‑Pivet, anunció una investigación parlamentaria para esclarecer los hechos.
El discurso televisado de Macron buscó calmar a la nación, pero fue criticado por su falta de concreción. Los opositores, entre ellos los sindicatos CGT y los partidos de extrema izquierda y derecha, acusan al gobierno de incompetencia y de usar la crisis como arma política de cara a las elecciones presidenciales previstas dentro de seis meses. La candidata de la derecha nacionalista, Marine Le Pen, y el líder de la izquierda radical, Jean‑Luc Mélenchon, ya han aprovechado la situación para lanzar ataques contra la gestión de Macron.
Mientras tanto, el primer ministro Élisabeth Borne (representada aquí como Lecornu por error en la fuente) solicitó a los prefectos la implementación de toques de queda parciales y localizados para proteger los comercios en los próximos días. Sin embargo, los sindicatos y el movimiento de los “chalecos amarillos” han anunciado una nueva ola de protestas para el 5 de noviembre, lo que mantiene a la nación en estado de alerta.
Los ciudadanos expresan su frustración ante la aparente desconexión de los políticos, que según testimonios, se dedican más a culparse mutuamente que a resolver los problemas cotidianos. La pregunta que ahora domina el debate es cómo equilibrar la necesidad de orden público con las legítimas demandas sociales sin agravar la ya tensa situación política y económica del país.
Francia, que ya atraviesa una profunda crisis financiera y una creciente presión de los inversores, se encuentra en una encrucijada: recortar gastos podría avivar el descontento popular, mientras que mantener el gasto público sin reformas podría profundizar la deuda. El país contiene la respiración mientras se espera la respuesta del gobierno y la reacción de la sociedad civil.
Fuente: Bbc