El magistrado Víctor Hernández Calderón, del juzgado de Primera Instancia en Ciudad Juárez, concluyó este martes la causa penal 237/2023 contra Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). El proceso se originó tras el incendio de la estancia migratoria de la zona el 27 de marzo de 2023, tragedia que dejó 40 muertos y 27 heridos. La audiencia, iniciada a las 12:30 del mediodía, se extendió por más de siete horas, durante las cuales el juez escuchó los argumentos de la defensa, los testimonios de las víctimas y sus representantes legales.
Garduño aceptó cumplir con las medidas cautelares impuestas por el tribunal: ofrecer una disculpa pública a los afectados, reparar el daño causado y presentarse periódicamente ante la autoridad fronteriza. Con el cumplimiento de estas condiciones, el magistrado decidió archivar el caso, señalando que no existía fundamento para continuar con la persecución penal contra el exfuncionario. La decisión se tomó después de que el propio Garduño declarara haber respetado en todo momento los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
En la sala estuvieron presentes varias víctimas, algunas de ellas a través de videoconferencia desde sus países de origen, quienes relataron el trauma sufrido y escucharon la defensa del acusado. Organizaciones de la sociedad civil, como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), protestaron durante la audiencia, pidiendo al juez que mantuviera los cargos contra Garduño y que no se exonerara al excomisionado.
El incendio, que se desató en una zona de alta vulnerabilidad migratoria, provocó una respuesta inmediata de las autoridades locales y federales. Las investigaciones posteriores señalaron fallas estructurales y falta de protocolos de seguridad como causas determinantes del desastre. A raíz de la tragedia, se abrió un debate nacional sobre la gestión de los centros de detención y la necesidad de reformas en el sistema migratorio mexicano.
A la salida del Poder Judicial, Garduño reiteró que siempre ha actuado con respeto a los derechos humanos y agradeció al juez la decisión que, según él, reconoce el cumplimiento de las medidas impuestas. Por su parte, representantes de las víctimas expresaron su descontento, argumentando que la reparación simbólica no basta para reparar la pérdida de vidas y el sufrimiento causado.
El caso sigue siendo objeto de seguimiento por organismos internacionales y grupos de derechos humanos, que demandan una investigación exhaustiva y la implementación de medidas preventivas para evitar que incidentes similares se repitan en la frontera norte del país.
Fuente: Eluniversal