La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este lunes la puesta en marcha de un nuevo esquema de recompensas que puede alcanzar los 60 millones de pesos para quien proporcione datos que conduzcan a la captura de individuos vinculados a delitos graves. La medida, presentada por la subsecretaría de Operaciones y Seguridad, busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la resolución de casos que han quedado estancados por falta de pistas.
El programa contempla diferentes montos según la gravedad del delito y el nivel de participación del informante. Los crímenes más relevantes, como secuestro, homicidio doloso, extorsión y narcotráfico, podrán generar recompensas de hasta 30 millones de pesos, mientras que delitos de menor cuantía tendrán premios proporcionales. La FGR asegura que los pagos se harán de forma anónima y segura, utilizando cuentas bancarias o criptomonedas para proteger la identidad del denunciante.
Esta iniciativa surge en un contexto de creciente violencia y sensación de impunidad en varias regiones del país. Según datos oficiales, en los últimos dos años se han registrado más de 150 mil homicidios y un aumento del 20% en casos de secuestro. Las autoridades federales consideran que la falta de cooperación ciudadana ha sido uno de los principales obstáculos para desarticular organizaciones criminales.
Para participar, la población debe contactar a la línea directa 800 FGR‑INFO o enviar información a través de la plataforma digital de la Fiscalía, disponible en su sitio web. La entidad garantiza la confidencialidad de los datos y ha creado un protocolo de verificación que incluye la colaboración con la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Expertos en criminología y derechos humanos han recibido con cautela la propuesta. Algunos destacan que la recompensa económica podría motivar a individuos a delatar a inocentes, mientras que otros subrayan la necesidad de recursos adicionales para fortalecer la capacidad investigativa del Estado. La FGR, por su parte, asegura que los casos serán revisados minuciosamente antes de otorgar cualquier pago.
En los próximos meses, la Fiscalía planea evaluar la efectividad del programa y ajustar los criterios de asignación de recompensas. La expectativa es que, al combinar incentivos financieros con una mayor presencia policial, se logre una reducción significativa en los índices de criminalidad y se recupere la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
Fuente: Jornada