En medio de la escalada de sanciones estadounidenses contra la isla caribeña, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba alcanzaron niveles históricos este año, convirtiéndose en su principal proveedor. Según la Oficina del Censo, en agosto los envíos sumaron US$202 millones, cifra que eleva el acumulado de los ocho primeros meses a US$876 millones, el mayor registro anual desde que se dispone de datos. Este crecimiento se da mientras la administración Trump endurece las restricciones sobre petróleo extranjero, inversiones y figuras clave del gobierno cubano.
El gobierno estadounidense argumenta que el endurecimiento de las sanciones busca forzar cambios políticos y económicos en La Habana, obligando al régimen comunista a abrir su economía centralizada. En respuesta, el presidente cubano Miguel Díaz‑Canel aprobó en junio un paquete de 176 medidas de liberalización que abarcan energía, agricultura y comercio exterior, intentando atraer inversión privada y aliviar la escasez de productos básicos que afecta a la población.
Gran parte del récord exportador se concentra en combustibles, que representaron más de un tercio del total en agosto. EE.UU. envió 3,2 millones de barriles de petróleo ese mes, la cifra más alta registrada por la Administración de Información Energética. Le siguen alimentos y medicinas clasificados como “donaciones humanitarias”, carnes, vehículos y productos lácteos. Estas licencias especiales permiten que ciertos bienes crucen el embargo de 60 años, creando una dependencia cada vez mayor de la isla respecto a los suministros norteamericanos.
Analistas como Jorge Piñón del Instituto de Energía de la Universidad de Texas advierten que, pese a la intención de beneficiar al sector privado cubano, el control estatal sobre almacenamiento y distribución dificulta fiscalizar el destino final del combustible. “No tengo duda de que el gobierno cubano está directa o indirectamente involucrado”, asegura, señalando que la infraestructura pertenece al Estado.
El aumento de exportaciones también genera dudas sobre la estrategia de Washington. Marco Rubio ha sostenido que la política busca privilegiar a emprendedores independientes, pero Ricardo Torres, profesor de la American University, afirma que la medida incrementa la influencia estadounidense sobre Cuba y fomenta una relación de dependencia que favorece intereses norteamericanos.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha impuesto nuevas restricciones bancarias a ciudadanos cubanos que operan en el sector privado, lo que Díaz‑Canel califica como un ataque directo a la población. Observadores como Pascal Fletcher sugieren que la política de “máxima presión” busca provocar descontento interno sin llegar a una crisis humanitaria, manteniendo abierta la puerta a futuros acuerdos estratégicos con sectores reformistas de la isla.
Fuente: Bbc