Una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), adscrita a la OEA, visitó la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas peruano, para constatar una grave ola de violaciones contra menores. Allí, Mónica Maureira observó a niñas de apenas tres años que ya portaban el VIH, una consecuencia directa de abusos sexuales perpetrados por adultos, en su mayoría docentes y autoridades locales. La situación ha generado una fuerte indignación entre las comunidades awajún y wampis, que reclaman justicia y protección para sus hijos.
Desde 2014 se han registrado cerca de 1.000 denuncias de abuso sexual, tocamientos y violencia de género en la zona, aunque algunas organizaciones estiman que el número real podría superar los 1.400 casos. La Defensoría del Pueblo de Perú presentó en 2024 un informe que documenta al menos 500 incidentes de acoso sexual en colegios de la región, con unos 170 profesores señalados como responsables. La mayoría de estos agresores no han sido procesados; muchos fueron absueltos o trasladados, lo que ha alimentado la impunidad y la normalización del delito.
El impacto de estos crímenes trasciende lo penal. Niñas de tres y cuatro años han contraído VIH a través de violaciones, y el Ministerio de Salud registra 190 casos de infección entre adolescentes de 14 a 19 años entre 2014 y 2026. La prevalencia del VIH en Condorcanqui alcanza el 1,8%, seis veces la media nacional, y se sospecha que muchos casos no se diagnostican por la falta de recursos médicos. Además, la crisis de salud mental se evidencia en un aumento de intentos de suicidio entre adolescentes que han sufrido abuso.
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, denuncia la ausencia de un aparato judicial permanente en la zona. Cuando un magistrado visita la comunidad, carece de personal de apoyo y de conocimientos sobre la cosmovisión indígena, lo que dificulta la aplicación de la justicia. Según la legislación peruana, los delitos sexuales contra menores conllevan penas de tres a cuatro años de prisión, pero la falta de jueces y de recursos impide su cumplimiento.
Las autoridades peruanas admiten que el presupuesto destinado a la justicia cubre apenas el 19 % de lo necesario. La presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, sostuvo que la inversión en justicia es una garantía de estabilidad, pero el Congreso no ha aprobado el aumento requerido. Mientras tanto, el Ministerio de Salud declaró emergencia médica en la provincia para atender a las menores infectadas, aunque los líderes comunitarios exigen un plan integral que evite la estigmatización y garantice atención psicológica y social.
Pioc propone dos soluciones urgentes: incrementar el presupuesto para procesar los casos de abuso y construir albergues permanentes para las víctimas. Los refugios temporales actuales no pueden sostener a las mujeres y niños que huyen del estigma y la violencia. El Mesecvi ha pedido al gobierno central recursos suficientes para judicializar a los agresores y ofrecer una respuesta integral, mientras el Ministerio de la Mujer anuncia reuniones para coordinar una estrategia conjunta.
La comunidad awajún y wampi sigue esperando que el Estado peruano rompa la inacción y garantice derechos fundamentales a sus niños. La combinación de impunidad, epidemia de VIH y crisis psicológica constituye una emergencia humanitaria que requiere atención inmediata y sostenida, sin la cual la región seguirá sumida en violencia estructural.
Fuente: Bbc