La Fiscalía de Jalisco confirmó que 18 de los 39 manifestantes arrestados durante la protesta pacífica por el acceso a agua potable en Guadalajara fueron puestos en libertad el pasado lunes. La marcha, organizada por colectivos vecinales y organizaciones civiles, buscó denunciar la escasez de agua en varios barrios del sur de la ciudad y exigir una política pública más eficaz. Los detenidos habían sido retenidos en el Centro de Detención de la Policía Municipal, donde se les realizó un registro y se les impuso una orden de aprehensión bajo cargos de alteración del orden público y resistencia a la autoridad.
Según testigos, la protesta comenzó a las 10:00 horas frente a la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y se mantuvo en silencio durante dos horas, con pancartas que exigían “agua para la vida”. Sin embargo, al momento de la dispersión, la policía empleó gases lacrimógenos y pistolas de electrochoque, lo que provocó el arresto de casi la mitad de los participantes. Los defensores de derechos humanos denunciaron que la represión fue desproporcionada y que varios manifestantes resultaron con lesiones leves.
La decisión de liberar a los 18 detenidos llega tras la presión de organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Sociedad Civil de Jalisco, que presentaron recursos de amparo ante los tribunales. En la audiencia, el juez de control determinó que no existían pruebas suficientes para sostener los cargos, ordenando su puesta en libertad inmediata. Las autoridades municipales, sin embargo, reiteraron que la medida buscó evitar actos de violencia y proteger la seguridad pública.
Los 21 manifestantes que permanecen bajo custodia continúan enfrentando procesos judiciales que podrían prolongarse varios meses. Sus abogados aseguran que la acusación carece de fundamento y que la detención viola la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Mientras tanto, los colectivos organizadores han anunciado una nueva convocatoria para el próximo mes, con la intención de mantener la presión sobre el gobierno estatal.
Este episodio reaviva el debate nacional sobre la gestión del agua en México, un recurso cada vez más escaso debido al cambio climático y la sobreexplotación de acuíferos. Expertos señalan que la falta de infraestructura adecuada y la corrupción en la distribución son factores críticos que agravan la crisis. La situación en Guadalajara refleja un problema estructural que afecta a varios estados del país, donde la población urbana reclama soluciones urgentes.
En conclusión, la liberación de los 18 detenidos representa un pequeño avance para los derechos civiles, pero la persistencia de cargos contra los restantes muestra la tensión entre seguridad pública y libertades ciudadanas. La sociedad civil seguirá vigilando el proceso judicial y presionando para que se garantice el acceso al agua como un derecho fundamental, mientras las autoridades deben buscar medidas efectivas y sostenibles para evitar futuras protestas violentas.
Fuente: Jornada