La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECOR) presentó un informe que indica posibles daños al erario federal por 957 millones de pesos, vinculados a la empresa estatal Birmex y a la Secretaría de Migración. Según el documento, los recursos habrían sido desviados mediante contratos irregulares, sobreprecios y falta de licitación, lo que habría generado un perjuicio económico significativo para el Estado.
El reporte señala que, en el caso de Birmex, la entidad encargada de la distribución de combustibles, se detectaron facturas infladas y compras de insumos a precios superiores al del mercado. Además, la falta de documentación que respalde la justificación de dichos gastos sugiere una posible colusión entre funcionarios y proveedores externos. La Fiscalía advierte que estos actos podrían constituir delitos de peculado y cohecho.
En la Secretaría de Migración, la investigación apunta a la contratación de servicios de asesoría y tecnología sin la debida convocatoria pública. Los contratos, que suman cerca de 400 millones de pesos, fueron adjudicados a empresas vinculadas a ex funcionarios, lo que genera sospechas de favoritismo y uso indebido de recursos públicos. La falta de transparencia en estos procesos ha motivado la apertura de una causa penal contra varios altos cargos.
El organismo anticorrupción también señaló que la falta de auditorías internas y la ausencia de mecanismos de control interno robustos facilitaron la ejecución de estas irregularidades. Según la FECOR, la debilidad institucional permitió que se ocultaran movimientos financieros sospechosos durante varios años, dificultando su detección temprana.
El presidente de la Fiscalía, Alejandro Murrieta, declaró que se continuará con la investigación y que los responsables serán llevados ante la justicia. “No toleraremos el desvío de recursos que deben servir a la población; la rendición de cuentas es fundamental para la credibilidad del gobierno”, afirmó Murrieta en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, la oposición política ha exigido la renuncia de los directores involucrados y la creación de una comisión independiente para auditar todas las dependencias federales. La sociedad civil, por su parte, ha pedido mayor transparencia y la publicación de los resultados de la investigación en tiempo real, para evitar la impunidad y restablecer la confianza en las instituciones.
Fuente: Jornada