El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a quedar dividido el 8 de octubre cuando la mayoría de consejerías, conocidas como el “bloque Taddei”, votó contra los lineamientos que buscaban regular y fiscalizar actividades políticas previas a la campaña oficial de 2027. La propuesta pretendía crear mecanismos para vigilar gastos en recorridos, eventos, propaganda y otras acciones de posicionamiento de partidos y candidatos, con el objetivo de transparentar el origen, monto y destino de los recursos.
Los consejeros que apoyaron la iniciativa fueron Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz y Rita Bell López. Castillo argumentó que, a pesar de que el proceso electoral formal inició el 10 de septiembre, continúan los recorridos territoriales, encuestas y difusión digital que influyen en la definición de liderazgos. Según él, sin reglas específicas, esos gastos podrían incorporarse a la contabilidad ordinaria de los partidos y sólo ser revisados al final del proceso, en el segundo semestre de 2027.
Humphrey reforzó la postura señalando que la facultad fiscalizadora del INE es permanente y que la ausencia de normas claras no debe impedir la revisión de recursos empleados en actividades de posicionamiento. Por su parte, Faz subrayó la necesidad de mecanismos preventivos para identificar gastos indebidos antes de que empiecen las precampañas, evitando ventajas desleales.
En contra, la consejera presidenta Guadalupe Taddei y sus aliados—Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Uuc‑kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez—criticaron la propuesta por presentar contradicciones y por intentar regular conductas ya contempladas en la legislación electoral. De la Cruz cuestionó la pertinencia de crear un nuevo instrumento cuando los procedimientos actuales bastan para atender esas situaciones.
Espadas y Taddei coincidieron en que el proyecto carece de un análisis técnico‑jurídico profundo y de una socialización adecuada con todas las consejerías y partidos. Ambas señalaron que el documento regresó a discusión sin cambios sustanciales, lo que justifica su rechazo. Además, plantearon dudas sobre los límites de la autoridad del INE en materia de propaganda, redes sociales y la participación de funcionarios públicos.
A pesar del voto negativo, el Instituto aclaró que no ha perdido sus facultades de investigación ni la capacidad de fiscalizar los recursos de los partidos. El rechazo simplemente indica que, por ahora, no se aprobarán nuevos lineamientos, aunque la discusión podría reabrirse en el futuro si se presentan propuestas más consensuadas.
Fuente: Eluniversal