A un año de la devastadora crecida que inundó Poza Rica en febrero de 2023, los residentes de La Floresta, Ignacio de la Llave y colonias aledañas continúan enfrentando una dura realidad. Aunque el nivel del agua volvió a su cauce y la mayoría ha reanudado sus actividades cotidianas, las secuelas económicas y emocionales persisten. Las autoridades municipales declararon el fin del estado de emergencia en junio, pero muchos hogares siguen sin haber terminado de reparar sus viviendas, y las deudas contraídas para la reconstrucción siguen pesando en los presupuestos familiares.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que más de 4,200 viviendas resultaron parcialmente dañadas y 1,100 quedaron totalmente destruidas. Programas federales como el Fondo de Desastres Naturales aportaron recursos, pero la burocracia y la lentitud en los desembolsos han generado frustración. En entrevistas, madres de familia relatan que, a pesar de haber recibido apoyos en efectivo, el proceso de reconstrucción se ha alargado meses, obligándolas a contraer préstamos con altas tasas de interés.
El impacto psicológico no es menor. Psicólogos locales señalan que la población presenta síntomas de estrés post‑traumático, especialmente entre niños que vivieron la inundación en primera persona. Se han creado grupos de apoyo en centros comunitarios, pero la demanda supera la oferta de profesionales. “El miedo a que el agua regrese es constante”, afirma Ana María González, residente de Ignacio de la Llave, quien perdió gran parte de sus pertenencias y aún no ha logrado restablecer su negocio de comida.
En el plano económico, la actividad comercial ha mostrado señales de recuperación, pero el flujo de crédito sigue siendo limitado. Bancos locales han ofrecido líneas de financiamiento, sin embargo, los requisitos de garantía y la documentación requerida dificultan el acceso para familias que aún carecen de títulos de propiedad claros tras la catástrofe. Organizaciones no gubernamentales han intervenido con microcréditos, pero el monto promedio es insuficiente para cubrir los costos de reconstrucción completa.
Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde José Luis Martínez, prometen acelerar los trámites y destinar más recursos a la rehabilitación de infraestructura básica, como redes de agua y electricidad. Asimismo, se ha anunciado la creación de un programa de capacitación para que los habitantes aprendan técnicas de construcción resiliente, con el objetivo de mitigar futuros riesgos.
Mientras tanto, la comunidad sigue mostrando una notable resiliencia. Vecinos organizan mutuos de ayuda, comparten materiales y se turnan para reparar techos y paredes. La esperanza de un futuro sin inundaciones se mantiene viva, aunque el camino para lograr una recuperación plena aún es largo y requiere la colaboración de gobiernos, sector privado y la sociedad civil.
Fuente: Diario de Xalapa