A partir del 1 de enero de 2027 las Juntas Especiales 2, 7 y 14, ubicadas en Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalcos, dejarán de operar. La medida, anunciada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), responde a una reestructuración del sistema de conciliación y arbitraje laboral en el estado. Según el comunicado oficial, la decisión busca centralizar los servicios y reducir duplicidades, pero ya genera incertidumbre entre sindicatos y empleadores.
Los abogados laboralistas que asesoran a los trabajadores advierten que el cierre de estas instancias provocará retrasos en la resolución de conflictos laborales. Al eliminar los órganos locales, los casos deberán remitirse a tribunales federales o a otras juntas más distantes, lo que incrementará los tiempos de espera. Además, los costos de traslado y de representación legal podrían elevarse, afectando principalmente a trabajadores informales y pequeñas empresas que dependen de una atención rápida y cercana.
En los últimos años, Veracruz ha experimentado un aumento en la demanda de servicios de conciliación, impulsado por la expansión del sector agroindustrial y turístico. Las Juntas Laborales de Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalcos fueron creadas para atender la creciente carga de quejas y negociaciones colectivas. Su cierre, sin una alternativa clara, podría desestabilizar la dinámica de diálogo entre patronos y empleados, generando un clima de tensión en los centros productivos.
Las organizaciones sindicales han solicitado al gobierno estatal una prórroga y la creación de oficinas móviles que garanticen la continuidad del servicio. Sin embargo, la STPS indica que la reubicación de recursos está en proceso y que se implementarán plataformas digitales para la gestión de expedientes. Los críticos señalan que la digitalización no sustituye la presencia física, sobre todo en zonas rurales donde el acceso a internet es limitado.
Expertos en derecho laboral coinciden en que la medida podría traducirse en un aumento de la informalidad laboral, ya que empleadores y empleados podrían evitar los trámites formales ante la perspectiva de mayores costos y demoras. Asimismo, se prevé una mayor carga para los juzgados federales, que deberán absorber los casos antes atendidos por las juntas locales.
Mientras tanto, los trabajadores de Veracruz esperan que las autoridades presenten un plan de transición que minimice el impacto económico y social. La expectativa es que, antes de la fecha límite, se establezcan mecanismos de apoyo, como asesoría gratuita y horarios ampliados, para evitar que la reforma se convierta en un obstáculo para la defensa de sus derechos laborales.
Fuente: Diario de Xalapa