Cientos de cangrejos cruzan la arena mientras la lancha se adentra en la bahía de Coiba, la isla que durante 85 años albergó una temida prisión a cielo abierto. Ubicada a 25 kilómetros de la costa de Veraguas, en el Pacífico panameño, Coiba hoy es un paraíso virgen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el parque marino más grande de Centroamérica. Sin embargo, en junio de 2024 el gobierno de Panamá decidió volver a usar la isla como depósito de 29 reclusos de alta peligrosidad tras una fuga masiva en la capital, reavivando un debate entre seguridad nacional y conservación ambiental.
La colonia penal nació en 1919 bajo el mandato de Belisario Porras con la idea de ser autosustentable: los internos trabajaban en ganadería y agricultura sin paga, construían sus refugios con materiales de la selva y vivían bajo constantes abusos. Durante la dictadura militar (1968‑1989) la cárcel se convirtió en escenario de torturas, trabajos forzados y masacres, como la sangrienta pelea de 1998 que dejó cuatro cuerpos decapitados. Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad describen golpizas, privaciones y castigos inhumanos, mientras la flora y fauna permanecían prácticamente intactas por la escasa intervención humana.
Hoy la isla es un laboratorio viviente. Investigadores como el biólogo marino Edgardo Díaz Ferguson estudian arrecifes, tiburones toro y rutas migratorias de ballenas, describiendo a Coiba como un “parque jurásico” donde la naturaleza se recupera tras milenios sin impacto. En tierra, la UNESCO destaca la presencia de especies endémicas como el águila crestada y la guacamaya roja, refugios de fauna que ha desaparecido en gran parte del país.
El traslado reciente de presos ha generado polémica. Organizaciones ambientales argumentan que la ley que protege la reserva no contempla la presencia de reclusos, mientras el presidente José Raúl Mulino asegura que la medida responde a una urgencia de seguridad. Hasta ahora, la base aeronaval donde se alojan los internos no ha requerido nuevas construcciones, según el Ministerio de Ambiente, pero la comunidad científica teme que la actividad penitenciaria pueda afectar la integridad del ecosistema.
Entre los guardaparques que hoy vigilan Coiba se encuentra Narciso “Mali Mali” Bastidas, ex interno que cumplió diez años en la isla y ahora ayuda a investigadores a mapear la selva. Su historia ilustra la transformación de Coiba: de cárcel a refugio natural, y ahora a punto de volver a albergar a criminales bajo la sombra de la seguridad nacional.
A pesar de la controversia, los científicos aseguran que el trabajo de campo continúa sin interrupciones y que la prioridad sigue siendo preservar la biodiversidad para futuras generaciones. La pregunta que queda abierta es si la isla podrá equilibrar su doble rol de santuario ecológico y depósito de alta seguridad sin comprometer ninguno de los dos.
Fuente: Bbc