El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código de Tránsito que eleva las penas por la práctica conocida como “rapiña de mercancías” después de accidentes viales. La medida, impulsada por la Fiscalía General del Estado, busca combatir el delito de apropiarse de la carga que se desprende de vehículos siniestrados, práctica que ha aumentado en los últimos años y genera pérdidas millonarias para transportistas y aseguradoras. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre 2021 y 2023 se registraron más de 300 incidentes de rapiña, muchos de los cuales terminaron en enfrentamientos entre conductores y ladrones.
La nueva normativa establece que quien sea sorprendido tomando o trasladando mercancía ajena tras un accidente será sancionado con prisión de dos a cinco años, dependiendo de la gravedad y del valor de los bienes sustraídos. Además, la ley contempla multas que pueden alcanzar los 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a varios millones de pesos, y la confiscación de los objetos obtenidos ilícitamente. La reforma también permite la retención preventiva de los vehículos involucrados mientras se esclarecen los hechos.
Autoridades estatales argumentan que la medida es necesaria para restablecer la confianza de los transportistas y de las empresas de logística, que temen por la seguridad de sus cargas en rutas como la carretera federal 180 y la autopista del Istmo. “No podemos permitir que la impunidad siga alimentando este delito que afecta a la cadena de suministro y pone en riesgo la vida de los conductores”, declaró la secretaria de Seguridad Pública, María del Rosario García.
Los sectores empresariales recibieron la reforma con satisfacción, aunque algunos sindicatos de conductores expresaron preocupación por la posible rigidez de la aplicación. Piden que se garantice el respeto a los derechos humanos y que las detenciones se realicen con orden judicial, evitando abusos por parte de la policía de tránsito. Asimismo, solicitan programas de capacitación para que los conductores sepan cómo actuar ante un siniestro sin incurrir en conductas delictivas.
Expertos en derecho penal consideran que las penas propuestas son proporcionales al daño económico y social causado por la rapiña. Sin embargo, advierten que la efectividad dependerá de la capacitación de los operadores judiciales y de la coordinación entre la policía, la fiscalía y los tribunales. “Sin una implementación adecuada, la norma podría quedar en papel”, puntualizó la académica Ana López, del Instituto de Estudios Jurídicos de Veracruz.
La reforma entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026, fecha en la que los tribunales estatales comenzarán a aplicar las nuevas sanciones. Se espera que, con la combinación de penas más severas y campañas de concientización, la práctica de robar mercancía tras accidentes disminuya significativamente, fortaleciendo la seguridad vial y la economía del estado.
Fuente: Diario de Xalapa