El Real Decreto 723/2026 entra en vigor hoy, obligando a todas las compañías a desglosar ante sus trabajadores los criterios que emplean los algoritmos para asignar turnos, tareas y salarios. La medida cumple con la directiva europea 2019/1152, que lleva cinco años sin transponerse a la legislación española, y busca dar mayor previsibilidad y transparencia al ámbito laboral.
Según el artículo 3 del nuevo decreto, cualquier empresa que utilice sistemas automatizados de toma de decisiones debe notificar a los empleados la existencia de dichos algoritmos. No basta con el simple aviso; la normativa exige describir por escrito las “pautas, criterios y reglas de funcionamiento” que guían al algoritmo, de modo que el trabajador conozca cómo variables como la demanda, la productividad o la antigüedad influyen en su jornada y remuneración.
La información debe entregarse antes de iniciar la relación laboral, ya sea incorporada al contrato o mediante un documento aparte que el SEPE pone a disposición bajo el título “Documento informativo sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo”. Esta obligación se extiende a decisiones de ascensos, reubicaciones y posibles despidos, garantizando que el empleado pueda cuestionar la lógica subyacente y evitar sesgos o discriminaciones.
La normativa no es la primera en abordar la transparencia algorítmica. La Ley Rider, aprobada para regular plataformas de reparto, ya permitía a los comités de empresa conocer los parámetros de los algoritmos. Sin embargo, el nuevo Real Decreto amplía el derecho a nivel individual, sin requerir situaciones de riesgo ni acuerdos colectivos, y se apoya en normas como el RGPD y el Reglamento de IA de la UE.
Casos emblemáticos ilustran la necesidad de esta regulación. En 2015, Reuters reveló que el algoritmo de selección de Amazon penalizaba currículos con palabras asociadas a mujeres, mientras que en Italia el Garante multó a Foodinho (filial de Glovo) con 5 millones de euros por decisiones automáticas que los repartidores no podían impugnar. Estos ejemplos motivaron la exigencia de que los trabajadores conozcan los factores que influyen en sus condiciones laborales.
Las empresas no están obligadas a publicar el código fuente de sus sistemas, solo a explicar los criterios relevantes. Como señaló el CEO de Welpay, Jonatan Amenedo, “Nadie está obligado a entregar su modelo”, pero sí a ofrecer suficiente información para que el trabajador entienda y, de ser necesario, impugne la decisión. La medida busca equilibrar la protección del secreto empresarial con los derechos de los empleados.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 723/2026, España se alinea con la agenda europea de transparencia algorítmica, ofreciendo a los trabajadores una herramienta para comprender y controlar la influencia de la IA en sus vidas laborales.
Fuente: xataka