El pleno del Congreso de los Diputados votó este viernes en contra de los dos reales decretos de vivienda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había presentado la semana pasada. Los textos, impulsados por la ministra Isabel Rodríguez y el ministro Pablo Bustinduy, no alcanzaron la mayoría necesaria y fueron rechazados con 172‑178 y 166‑184 votos respectivamente. La derrota se produjo pese al apoyo del PSOE y Sumar, mientras que el Partido Popular, Vox y el independentista Junts per Catalunya se opusieron firmemente, convirtiéndose en la pieza clave que impidió la aprobación.
La iniciativa gubernamental buscaba ampliar la oferta de vivienda asequible, limitar el incremento de los alquileres, prohibir desahucios hasta 2030 y frenar la compra especulativa por “fondos buitre”. El segundo decreto pretendía automatizar la renovación de los contratos de alquiler. Ambas propuestas surgieron en medio de una intensa movilización social, con una acampada en la Puerta del Sol que comenzó el 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que fue hospitalizada y luego readmitida en su vivienda.
Miles de manifestantes, organizados por el Sindicato de Inquilinas, se desplazaron al hemiciclo para exigir la aprobación de los decretos. Cuando los textos fueron derogados, algunos manifestantes corearon “Los fondos buitre gobiernan el Congreso” dentro del propio recinto, evidenciando la tensión entre la ciudadanía y los partidos que, según ellos, priorizan intereses especulativos sobre el derecho a una vivienda digna.
La derrota legislativa alimenta la especulación de que Sánchez podría adelantar las elecciones generales, previstas para julio‑agosto de 2027, en un intento por romper el estancamiento político. El propio presidente, al cerrar el debate, pidió a los diputados que “se olviden del argumentario y piensen en la gente de a pie”, admitiendo que los decretos no resolverían la crisis, pero sí aliviarían la situación.
Los partidos de oposición y la ultraderecha argumentan que las medidas son insuficientes y que el Gobierno intenta “cargar” el mercado de vivienda sin atacar el déficit estructural de casas. La Asociación de Propietarios (Asval) denunció que los decretos vulneran la seguridad jurídica y la libertad de empresa, mientras que el gobernador del Banco de España advirtió sobre posibles efectos negativos en un mercado ya tensionado.
España enfrenta una crisis de vivienda multifacética: vacantes en zonas poco demandadas, escasez de suelo urbano, costos de construcción en aumento y una oferta pública de vivienda que apenas representa el 2% del total, muy por debajo del promedio europeo. La falta de soluciones integrales mantiene la presión sobre inquilinos y propietarios, y el rechazo de los decretos deja abierta la incógnita de cómo se abordará el problema en los próximos meses.
Fuente: Bbc