El Ministerio Público de Bolivia confirmó el miércoles la detención del fiscal general, Roger Mariaca, en el aeropuerto internacional Viru Viru, en la región oriental de Santa Cruz. Según la Fiscalía, la aprehensión habría ocurrido de forma “ilegal” y aún no se han divulgado los motivos oficiales que justifican la medida. En una transmisión en vivo desde la sede del Ministerio en Sucre, un funcionario denunció lo que describió como un “secuestro” del titular de la Fiscalía, generando incertidumbre y polémica en el país.
Los medios locales reportaron que la captura se realizó sin la presencia de una orden judicial y que la policía habría intervenido la sede del Ministerio en la capital constitucional. La Asamblea Legislativa anunció que el 5 de octubre se reunirá para evaluar la creación de una comisión que investigue las acusaciones presentadas por el gobierno de Estados Unidos contra altos funcionarios bolivianos, entre ellos Mariaca, a quien EE.UU. revocó el visado bajo sospechas de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
En el marco de la política exterior estadounidense, el Departamento de Estado ha enviado notas a la Cancillería boliviana solicitando que se remitan los antecedentes de los casos de Mariaca y de los demás funcionarios incluidos en la lista de sancionados. La lista, publicada bajo la administración de Donald Trump, incluye a trece ciudadanos bolivianos, entre ellos un empresario, y señala que sus acciones ponen en riesgo los esfuerzos contra el narcoterrorismo y socavan instituciones democráticas.
Bolivia responde calificando las acusaciones como “graves” y ha anunciado que exigirá a EE.UU. la información completa para llevar a cabo una investigación exhaustiva en territorio nacional. El Ejecutivo boliviano insiste en que cualquier persona señalada por el Departamento de Estado deberá responder ante la justicia boliviana, subrayando la necesidad de respetar la soberanía y los procesos legales internos.
La detención de Mariaca se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, donde la última ha intensificado su campaña contra supuestos nexos entre funcionarios latinoamericanos y el narcotráfico. La medida también plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial boliviano y la posible influencia de presiones externas en la política interna del país.
Mientras tanto, la ciudadanía y la comunidad internacional observan de cerca los próximos pasos del Parlamento boliviano y la respuesta del gobierno a las demandas estadounidenses. La situación podría desencadenar nuevas sanciones o, por el contrario, abrir la puerta a negociaciones que busquen esclarecer los cargos y restablecer la confianza entre ambas naciones.
Fuente: Dw