En medio de una escalada de desahucios, personas sin techo y el polémico “Decreto Maricarmen”, el pequeño municipio andaluz de Marinaleda (Sevilla) vuelve a llamar la atención al presentar 24 viviendas municipales con alquileres entre 15 y 20 euros al mes. El proyecto, impulsado por el ayuntamiento y el alcalde Sergio Gómez (Con Andalucía), no busca vender las casas; la propiedad sigue siendo municipal y los inquilinos pueden permanecer indefinidamente, siempre que cumplan con los requisitos de empadronamiento y situación familiar.
El modelo se sustenta en la autoconstrucción y el trabajo comunitario. Una empresa local se encarga de la obra y los futuros residentes aportan horas como peones; esas jornadas se descuentan del precio final del alquiler. Así, familias como la de Pilar Prieto, que se mudó a su casa en 1993 sin experiencia constructiva, paga menos de 20 € mensuales después de haber contribuido con su trabajo. Según el consistorio, más de 350 viviendas se han levantado bajo este esquema, incluido el propio domicilio del alcalde, quien también paga alquiler al ayuntamiento.
Esta iniciativa contrasta con la media nacional, donde un apartamento de un dormitorio cuesta alrededor de 984 € al mes, casi cincuenta veces más. En Madrid, la anciana Maricarmen vio su alquiler subir de 500 a 2 650 € en pocos años, lo que motivó la discusión del nuevo decreto de vivienda. Sin embargo, Marinaleda muestra que existen alternativas distintas al mercado libre: la vivienda social puede ser gestionada colectivamente, sin fines de lucro y con precios asequibles.
El proyecto se financia en parte con fondos autonómicos del Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, que asigna a Andalucía 718,2 millones de euros estatales y 478,8 millones autonómicos. Hasta la fecha, la comunidad ha recibido 136,8 millones, pero la convocatoria para Marinaleda recién se abrió, lo que permite iniciar la construcción de las 24 casas previstas desde octubre de 2024.
Más allá del alquiler, Marinaleda mantiene otras piezas clave de su modelo económico, como la finca de El Humoso, un proyecto agrario que surgió en 1991 y que sigue siendo el motor económico del municipio. Aunque enfrenta desafíos de gestión y amenazas de desalojo, sigue siendo un ejemplo de autogestión y resistencia frente al rentismo inmobiliario.
El caso de Marinaleda plantea preguntas sobre la viabilidad de replicar este modelo en otras regiones de España. Mientras el Gobierno nacional debate reformas legislativas, la experiencia andaluza muestra que la combinación de suelo público, trabajo voluntario y gestión municipal puede reducir drásticamente el costo de la vivienda, ofreciendo una solución concreta a una crisis que afecta a millones de españoles.
Fuente: xataka