La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) explique los motivos del megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en la terminal de San José Iturbide, Guanajuato. El operativo, anunciado por la Fiscalía el pasado viernes, fue llevado a cabo por la delegación local de la FGR y ha generado controversia entre autoridades y el sector privado. Grupo Simsa, propietario de la terminal, aseguró que la operación de almacenamiento es “completamente lícita y verificable” y exigió que se le informe si existió alguna actividad ilícita que justificara la incautación.
Sheinbaum señaló que la Fiscalía debe detallar si había indicios de delito, qué tipo de irregularidades se detectaron y cuál es la base legal del aseguramiento. “La fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades que llevaron al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la fiscalía”, afirmó la mandataria durante una rueda de prensa en la Ciudad de México. La presidenta también recordó que la operación fue coordinada exclusivamente por la delegación de Guanajuato, sin intervención de otras instancias federales.
El caso fue remitido a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que ahora debe elaborar la carpeta de investigación correspondiente. Según comunicados oficiales, la FEMDO revisará la documentación presentada por Grupo Simsa para acreditar la legalidad del combustible y determinará si existen indicios de lavado de dinero, contrabando o cualquier otra conducta delictiva. Hasta el momento, la empresa no ha proporcionado pruebas suficientes que convenzan a la autoridad para liberar la mercancía.
El megadecomiso ha generado preocupación en el sector energético, pues 59 millones de litros representan una cantidad significativa de combustible que podría afectar la oferta regional. Analistas del mercado señalan que la incertidumbre jurídica puede retrasar inversiones y operaciones logísticas en el estado de Guanajuato, un importante corredor de distribución de hidrocarburos en el centro del país. Además, la polémica pone en relieve la necesidad de mayor transparencia en los procedimientos de la Fiscalía cuando se trata de bienes de alto valor.
Por su parte, representantes de Grupo Simsa han pedido al gobierno federal que se respete el principio de legalidad y se garantice el debido proceso. “Exigimos que se nos informe de manera clara y puntual los supuestos ilícitos que motivaron el aseguramiento, y que se respeten nuestros derechos como empresa”, declararon en un comunicado. La compañía también indicó que está dispuesta a colaborar con la investigación, siempre y cuando se le brinde la certeza jurídica necesaria.
Mientras tanto, la opinión pública y diversos sectores políticos siguen de cerca la evolución del caso, que podría convertirse en un referente para futuros operativos de incautación de bienes estratégicos. La respuesta de la FGR en los próximos días será crucial para determinar si el megadecomiso se mantendrá o si el combustible será devuelto a su legítimo propietario, lo que tendría repercusiones tanto en la seguridad energética como en la percepción de la autoridad judicial en México.
Fuente: Eluniversal