Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano al círculo de Andrés Manuel López Obrador, pasó de adjudicar pequeños suministros para sanitarios a recibir contratos que superan los quinientos millones de pesos en la gestión de la llamada Cuarta Transformación. El primer contrato federal se firmó el 25 de mayo de 2018, apenas dos semanas antes de la victoria presidencial de AMLO, cuando la entonces Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (hoy Innova Bienestar) le adjudicó 27,642 pesos por diez émbolos y sensores para fluxómetros de baño. Aunque la cifra inicial parece modesta, marcó el inicio de una serie de licitaciones que consolidaron a su empresa, Castel, y posteriormente Romedic S.A. de C.V., como proveedor habitual de dependencias federales.
En los años siguientes, la empresa de Olán Aparicio obtuvo contratos de magnitud millonaria. En julio de 2021 la Secretaría de Salud aprobó la entrega de 5.268 millones de pesos para la compra de materiales médicos, bajo el número CVST-120/21. Otro acuerdo, ISSETIDGIDA/0234/2020, le otorgó más de un millón 65 mil pesos del Instituto de Seguridad Social de Tabasco para suministros farmacéuticos. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, estos y otros contratos fueron firmados bajo la administración del gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, aliado político de AMLO.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) terminaron en cuentas de Romedic. La magnitud de los recursos desviados ha generado críticas sobre la falta de competencia y la posible colusión entre empresarios cercanos al presidente y funcionarios estatales.
El caso se amplió cuando el Consejo de la Judicatura Federal y el Órgano de Administración Judicial pagaron a Olán Aparicio 18.475.894 pesos entre 2023 y 2026 por concepto de renta y mantenimiento del edificio sede de los Tribunales Colegiados del Décimo Circuito en Villahermosa. El contrato de arrendamiento, registrado ante la Notaría Pública 27, muestra que el empresario posee dos inmuebles que alquila al Poder Judicial, consolidando una red de ingresos vinculada a la administración pública.
La notaría, cuyo titular es el mismo Adán Augusto López Hernández, también dio fe de la constitución de empresas como Escudero Construcciones, que obtuvo un contrato de 986 millones de pesos con Pemex para obras en Tabasco. Estas conexiones entre empresarios, funcionarios y contratos de gran escala alimentan sospechas de favoritismo y posible lavado de dinero.
A pesar de las denuncias, las autoridades no han presentado sanciones definitivas contra Olán Aparicio. La falta de claridad en la justificación de los pagos y la ausencia de procesos de licitación competitiva continúan generando debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de AMLO.
Fuente: Eluniversal